Tras cuatro días de pruebas, entre ellas una de ADN, la Fiscalía General de Justicia del estado mexicano de Sonora (FGJE) confirmó este lunes que los restos hallados en una fosa el 17 de junio corresponden al líder de la etnia yaqui Tomás Rojo Valencia, cuya desaparición había sido denunciada el 27 de mayo.

El director de criminalística del laboratorio de la FGJE, Salvador Samaniego, dijo que, una vez concluidos los análisis de confrontación genética por ADN a los restos localizados el 17 de junio en la localidad de Vícam, “fue posible llegar a la comprobación científica de que corresponden a Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia yaqui”.

Explicó que la identificación científica de la víctima, de 54 años, se llevó a cabo mediante una preidentificación ya que el mismo día del hallazgo se confirmó que la vestimenta del cuerpo localizado correspondía a la que fue descrita por sus familiares cuando denunciaron la desaparición.

Luego se hizo una prueba dactiloscópica y la confirmación de la comparativa de ADN con sus familiares, con resultados positivos.

El cuerpo de Rojo Valencia fue encontrado el pasado jueves semienterrado en una fosa clandestina en Vícam, en el municipio mexicano de Guaymas.

En 2010, Rojo Valencia encabezó la llamada guerra por el agua en Sonora, que se desató cuando el Gobierno del estado anunció la construcción del Acueducto Independencia para llevar agua desde la cuenca del río Yaqui hacia la capital esttatal, Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300.000 personas y cuyas operaciones se iniciaron en 2013.

Por otra parte, las autoridades dijeron haber abierto una investigación para localizar a la indígena yaqui Lorena Josefina Valenzuela Esquer, de 25 años, quien fue reportada por sus familiares como desaparecida en el puerto de Empalme, sur de Sonora, desde el jueves.

Los familiares de la mujer denunciaron que la vieron por última vez el 17 de junio cuando salió de su hogar en Vícam, para dirigirse a su centro de trabajo en Empalme, donde perdió contacto con ella.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ambientalistas y líderes sociales, con 170 personas defensoras de derechos humanos y dos luchadores sociales desaparecidos entre 2006 y mayo de 2020, según la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México.