La Fiscalía de Estados Unidos solicitó este jueves al juez la admisión de nuevas pruebas contra el exsecretario (ministro) de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, que demostrarían “los intentos del acusado de silenciar a periodistas mediante acoso y sobornos, y su voluntad de manipular a los testigos”.

En un escrito dirigido al juez, la Fiscalía pide que puedan introducir pruebas al respecto durante el proceso, ya que según su versión están directamente relacionadas con las acusaciones principales contra García Luna.

El documento fiscal sostiene que “el imputado amenazó, hostigó y sobornó a periodistas que investigaban sus crímenes y que, tras su detención, mostró su disposición a manipular a testigos”.

El Gobierno asevera tener pruebas de que entre 2008 y 2013, García Luna acosó y amenazó a un periodista como resultado de una investigación sobre él.

Asimismo, sostiene que entre 2009 y 2010 el político usó dinero proveniente de la corrupción para pagar sobornos a una “organización de noticias” para evitar que los periodistas de dicha organización publicaran historias negativas sobre él.

“Las pruebas sobre los esfuerzos del acusado por silenciar a los periodistas sirven para explicar cómo pudo ayudar con corrupción al cartel de Sinaloa durante años sin ser detectado ni arrestado”, argumenta la Fiscalía.

Además sostiene que tras su arresto por el caso que se le procesa en Estados Unidos, García Luna mantuvo conversaciones telefónicas “en las que el acusado habló sobre amenazas de violencia y manipulación de testigos en su contra, y se refirió a al menos un testigo por su nombre”.

La fiscalía asegura que se trata de Jesús “El Rey” Zambada García, que estuvo a cargo de las operaciones del cartel de Sinaloa en Ciudad México y que participó como testigo de la Fiscalía de Estados Unidos en el caso contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El escrito fiscal recoge que a raíz de la conversación que tuvo el exministro mexicano, las fuerzas de seguridad le tendieron una trampa y le proporcionaron el teléfono de un agente encubierto que se hizo pasar por un miembro de la mafia rusa.

En un extracto de esas conversaciones ajuntado por los fiscales, García Luna parece hablar con un interlocutor que no se identifica de la posibilidad de matar a los testigos y a sus familias.

“La evidencia de amenazas por parte de un acusado contra un testigo en su contra puede admitirse como prueba directa del delito cuando las amenazas muestran ´familiaridad´ con una conspiración imputada” dice el escrito antes de aseverar “las conversaciones posteriores a los arrestos del acusado sobre la manipulación de testigos y sus esfuerzos por comunicarse con el agente encubierto son evidencia directa de su culpabilidad”.

García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón.