Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Mentir se le da bien al ser humano, especialmente al mexicano, cuya propensión a encontrar mundos ficticios para explicar lo inexplicable: el dolor de la necesidad, el origen oscuro de un mestizaje agraviado, el hambre insatisfecha, la humillación, la madre o el hijo asesinados, la desaparición del ser querido, el desengaño ante el uso utilitario del político encumbrado, abusos, violencia sin fin…

Crecer, dejar atrás la niñez, la etapa de inocencia, asumir la adultez ciudadana es hacernos responsables, implica tomar conciencia de nuestros actos. A esa etapa estamos llamados los mexicanos mayores de 18 años antes del 2 de junio de 2024.

Necesitamos despertar para mantener nuestra capacidad de elegir democráticamente a nuestros gobernantes, recuperar la capacidad de crecimiento institucional, republicano que había iniciado el país hace tres décadas.

El retroceso que el gobierno actual (1918-2024) imprimió al desarrollo nacional es evidente, en todos los rubros: seguridad, salud, educación, endeudamiento externo, derechos humanos, productividad, etcétera.

Mucho podríamos cuestionar si el tipo de liderazgo populista, mesiánico, cifrado en una narrativa a base de falsedades, con el uso de 103 mentiras en cada una de las “mañaneras” (Centro de Análisis SPIN) es lo que querían aquéllos 30 millones de mexicanos que votaron por AMLO en 2018.

Podríamos polemizar si la intervención de las arcas, incluidas reservas especiales, fideicomisos, obras faraónicas improductivas, la militarización de la seguridad pública, entre otras acciones de control –permitidas y ajenas a la ley– han sido movidas por perversidad, ambición desmedida o sólo hemos caído en la trampa de nuestro sistema político presidencialista, que confiere poderes extraordinarios a un ser humano común. En este caso, carismático pero incapacitado para hacer un buen gobierno.

Se multiplican los indicios de que avanzamos a una elección de Estado, preocupa que los organismos electorales –INE y Tribunal– hayan sido intervenidos pues el gobierno de López Obrador con argucias legales ha logrado colocar en las presidencias de ambos órganos “autónomos” a mujeres que responden a los intereses del gobierno morenista y quienes parecen estar coludidas para impedir que se nombren en puestos vacantes a los profesionales aptos e imparciales, en su lugar prefieren nombrar  “provisionales” incompetentes, pero afines ideológicamente al poder.

Lo más evidente de la intervención que, sin ambages, el obradorismo opera para inhabilitar a los órganos encargados de impartir justicia es la designación presidencial de Lenia Batres Guadarrama como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicen los juristas que su designación fue legal y legítima debido a que el mandatario ejerció su atribución de hacerlo luego de la incapacidad del bloque oficialista –Morena, PT, PVEM– de alcanzar un consenso con la oposición en el Senado de la República.

Sin embargo, carece de la idoneidad, ya que la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, es abiertamente militante de Morena, igual que varios miembros más de su familia incrustados en puestos públicos, pese a estar prohibido el nepotismo.

No se deje engañar, ella no es la “ministra del pueblo” como se autoproclamó, no representa al pueblo, todos los mexicanos conformamos el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, una nación plural, multiétnica. 

La ministra Batres es morenista radical, movimiento que se ha destacado por ignorar a la Constitución, por ejemplo, nuestra carta magna señala que las instituciones de seguridad deberán ser de carácter civil y que las Fuerzas Armadas no pueden realizar cualquier otra actividad que no esté estrictamente relacionada con la disciplina militar. Todos hemos sido testigos de cómo López Obrador ha querido cambiar este principio, y de su gusto por aparecer custodiado por los jefes militares.

Si como dicen los voceros oficialistas la continuidad de la autollamada 4T está asegurada, por qué pese a encuestas propagandistas, el gobierno saliente sigue en la tarea de querer mantenerse a toda costa en el poder, la alternancia es el mecanismo electoral idóneo para evitar los gobiernos despóticos, que impide a personas y partidos políticos perpetuarse en el poder. Recordemos lo que Simón Bolívar dijo: “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos”.  

Mucho se ha hablado de las responsabilidades en que ha incurrido la funcionaria morenista que incumplió con ser fiscal imparcial e independiente. Al proferirle tantos elogios el presidente López Obrador y la candidata Sheinbaum a la ex-fiscal capitalina Ernestina Godoy, sólo ratifican que en este sexenio la justicia parte de la vieja máxima: “aplíquese la ley, pero en los bueyes de mi compadre”. Aunque tarde o temprano se hizo justicia al evitar su ratificación, pese a todas las presiones del gobierno.

Sólo para ilustrar, recordemos que la Godoy aplicó justicia selectiva en casos escandalosos, sobran ejemplos, cito algunos: encarceló a la ex cuñada de Alejandro Gertz Manero se cree que por consigna del mismísimo fiscal federal; eximió de culpa a sus correligionarios al dejar fuera a la entonces delegada de Tlalpan, hoy candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, al investigar y dictar sentencia en la muerte de 26 personas por el colapso del Colegio Rébsamen, en los sismos del 2017. 

E igual procedió la entonces fiscal Godoy en el caso de las 27 personas fallecidas y casi 80 heridas en el accidente de la Línea 12 del Metro. Bueno, ni siquiera citó a la directora del Metro, Florencia Serranía.

Tampoco habla bien de ella la persecución y encarcelamiento del Fiscal de Morelos Uriel Carmona, ahora reintegrado a sus funciones, y se negó a investigar las denuncias de espionaje telefónico a adversarios políticos, como la senadora Lily Téllez y Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno de la Cdmx, entre otros, como lo reveló un reportaje del diario The New York Times (NYT).

Y para cerrar, quisiera que reflexionáramos sobre las denuncias de corrupción contra funcionarios de la 4T, específicamente hay acusaciones de extorsión a servidores públicos por parte de funcionarios de Morena para apoyar candidaturas de su partido. Mucho se ha escrito sobre el tema, algunos ejemplos de los casos a continuación.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Delfina Gómez por descontar cuotas electorales –diezmos– de sus sueldos a empleados públicos de Texcoco cuando fue la alcaldesa; luego la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 830 millones de pesos durante su gestión como secretaria de Educación Pública.  Pese a todo ahora es gobernadora del Estado de México con el apoyo y protección presidencial que elogió “su honestidad”.

La renuncia del exconsejero Jurídico de presidencia, Julio Sherer Ibarra, en medio de un escándalo por supuestamente favorecer a un grupo de despachos de abogados afines a quienes filtraba información para litigar lucrativos casos oficiales.

Tremenda pataleta hizo Marcelo Ebrard, excanciller perdedor de las encuestas para elegir “coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T”, o sea la candidatura presidencial de Morena, quien acusó a la candidata Claudia Sheinbaum de recibir apoyos extra-oficiales durante su campaña.

Ahora Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex del gobierno de Morena lanza acusaciones contra José Luis Sánchez Cuazitl, director General de Asuntos Jurídicos en Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien le ofreció entregarle 150 millones de pesos, monto total de las liquidaciones de los trabajadores, pero si les entregaba el 20% para financiar la campaña de la candidata Sheinbaum.

Dijo que, al negarse a ello, sólo le fue autorizado un monto de liquidaciones para los trabajadores que se mantuvieron cercanos a ella de 15 millones de pesos, por órdenes de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López; y acusó al padre de la secretaria del Trabajo, Arturo Alcalde, de apoyar a los huelguistas del Sutnotimex.

Y ya como corolario, los dos libros de Elena Chávez (El Rey del Cash y El Gran Corruptor) donde existen decenas de testimonios sobre un modus operandi del obradorato para hacerse de fondos ilegales desde antes de ocupar la presidencia de la República. Dicen que “cuando el río suena agua lleva”. La autoridad electoral debería investigar y aclarar estas denuncias, claro si sobrevive al embate gubernamental para cooptarlas.