Para la Fiscalía General de la República (FGR) no “existe la urgencia para la solicitud de orden de detención provisional” de los diez funcionarios y ex funcionarios mexicanos señalados de colaborar con el cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Lo anterior fue dado a conocer durante una conferencia de prensa en la que el fiscal Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencia, y de Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, señalaron que:

“La detención provisional materia del pedimento constituye una restricción a los derechos humanos. Por ello mismo, solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas, encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada”, dijo Jiménez Vázquez.

Luego, agregó que “la esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas. Y en razón de ello, lógicamente y jurídicamente se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable, la urgencia de la autorización de la detención provisional”.

Asimismo, explicó, “en el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia, de la detención provisional.

“Igualmente advertimos en una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”.

Al cuestionarles a ambos funcionarios que en otros casos la FGR ha procedido a detener a los presuntos responsables de haber cometido o participado en un delito cuando se solicita su detención provisional, si en este caso se detendrá a siete de los solicitados por Estados Unidos ya que no tienen fuero, los fiscales señalaron que estas medidas cautelares se activarán hasta que el gobierno de Estados Unidos aporte las pruebas, testimonios y otros anexos que confirmen la presunta responsabilidad.

Asimismo, respecto de los tres mexicanos, Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.