Los indicadores oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un panorama contrastante en materia de seguridad durante 2025, con avances en algunos delitos de alto impacto, pero con retrocesos significativos en otros, particularmente en la extorsión.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva con corte a noviembre de 2025, este delito registró un incremento nacional de 23.1%, pese a la puesta en marcha de estrategias específicas para combatirlo, lo que lo mantiene como uno de los principales desafíos para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En contraste, los homicidios dolosos muestran una tendencia a la baja, con reducciones relevantes al comparar distintos periodos de 2024 y 2025, según las cifras oficiales, lo que apunta a una contención parcial de la violencia letal en el país.

Violencia de género: avances con focos rojos locales

En el rubro de violencia contra las mujeres, el seguimiento interanual refleja una disminución en el número total de feminicidios; sin embargo, el delito continúa concentrándose en diversos municipios, donde persisten condiciones de violencia estructural y factores sociales que mantienen zonas de alto riesgo.

Especialistas en seguridad advierten que, más allá de los avances estadísticos, existen retos que complican una evaluación precisa del fenómeno delictivo, como la subdeclaración, la falta de denuncias formales y la percepción de impunidad, elementos que alimentan la cifra negra, especialmente en delitos como la extorsión y la violencia de género.

Retos pendientes en la estrategia de seguridad

Analistas y autoridades coinciden en que la delincuencia organizada ha diversificado sus métodos, utilizando la extorsión como una fuente alterna de ingresos frente al narcotráfico tradicional, lo que obliga a reforzar las capacidades de investigación, inteligencia y persecución penal.

Asimismo, subrayan la necesidad de políticas públicas integrales, que incluyan prevención social, fortalecimiento de las policías locales y una coordinación más eficaz entre fiscalías y corporaciones de seguridad estatales y federales.

Aunque en los últimos años se ha avanzado en transparencia y disponibilidad de datos, el desafío central sigue siendo transformar las cifras en acciones efectivas que permitan atacar las causas de fondo de la inseguridad y reducir el impacto de delitos que afectan a millones de personas en todo el país.