Con el propósito de establecer la extinción de dominio a los dueños de predios donde se provoque, de forma intencional, incendios forestales con fines de lucro o beneficio económico, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, impulsa una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La propuesta busca adicionar el inciso l) a la fracción V del artículo 1 de esa Ley Nacional, a fin de lograr la correcta protección de nuestros ecosistemas forestales, armonizar y garantizar la progresividad respecto a la protección al derecho humano a un medio ambiente sano.

Considera imprescindible tomar medidas adicionales determinantes para mejorar en materia de protección de zonas forestales y prevenir, sancionar y erradicar la quema intencional de bosques.

En la exposición de motivos, resalta la importancia de detener y revertir el daño hecho a las zonas y reservas forestales por la quema intencional, porque registran la pérdida de 160 mil hectáreas en promedio anual, vinculada a intereses económicos especulativos particulares.

Para frenar dicha práctica, plantea aplicar la extinción de dominio a todo particular que incurra deliberadamente en la quema intencional de su terreno forestal con la intención de obtener un beneficio económico y de lucro posterior; se deberá enfrentar a un juicio, ante el cual puede perder su propiedad y que ésta pase a manos del Estado.

“Solo así, vamos a obligar a todos esos dueños de zonas forestales a que atiendan los requerimientos establecidos, para realizar si es que procede y bajo las mejores y sustentables condiciones, el cambio de uso de suelo de sus propiedades y disponer de ellas para propósitos económicos”, subraya.

Menciona que en el país se ha permitido, tolerado y solapado que se quemen bosques para después construir condominios o crear zonas de cultivo para beneficio particular, de manera ilegal y en zonas sin el debido cambio de uso de suelo.

Destaca que la quema intencional no solo se presenta o motiva para instalar huertos de alimentos, también se hace uso de esta técnica depredadora de zonas boscosas para fines ilícitos.

“Existen organizaciones delictivas que en contubernio o bajo amenaza destruyen zonas forestales para disponer de esos terrenos y cultivar sustancias ilícitas, con la complacencia y complicidad de autoridades locales e incluso, de los mismos dueños de esos terrenos”, subraya.

Agrega que el problema y las consecuencias ya son muy graves porque en esas regiones se ha detectado que, a la fecha, se han quemado de manera intencional al menos un promedio anual de 10 mil hectáreas de bosques.

“No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que las zonas forestales sigan siendo rehén o botín de oscuros intereses económicos particulares o cualquier otro tipo de fines ilícitos”, puntualiza.