El 2 de julio, el accidente del “ojo de fuego” en el Golfo de México, en el que un gasoducto explotó y el mar parecía haberse incendiado, llevó a muchos a preguntarse si el acontecimiento podría haberse evitado y si el nacionalismo mexicano podría desempeñar un papel importante en el desastre ambiental.

La política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para fortalecer la empresa gubernamental de energía Petróleos de México (Pemex) puso el reflector sobre el funcionamiento de la empresa desde mucho antes del incendio, pero el incidente incrementó la atención internacional.

Pemex es el principal proveedor de petróleo en México. Trabaja en la exploración y extracción de petróleo y gas natural y genera aproximadamente 2.5 millones de barriles de petróleo al día, así como más de 6 millones de pies cúbicos de gas natural, según su sitio web oficial. En 2019, México representó casi el nueve por ciento de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos, de acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, agencia de estadísticas del Departamento de Energía. La explosión en uno de los campos de Pemex atrajo la atención del mundo hacia su funcionamiento.

El incendio ocurrió en el yacimiento petrolero Ku-Maloob-Zaap, hogar de muchas de las operaciones actuales más productivas de Pemex. Los derechos para la perforación de los fondos marinos ricos en gas natural en el campo Zama fueron otorgados a un consorcio de compañías petroleras internacionales en 2015.

El campo Zama es una sección dentro del Ku-Maloob-Zaap. Una vez que Pemex y el gobierno mexicano se dieron cuenta de la cantidad de gas natural almacenado en este campo, la empresa hizo una solicitud para unificar el yacimiento. Bajo la jurisdicción mexicana, Pemex tendría permitido asumir el control y convertirse en el principal operador.

“El campo Zama fue descubierto gracias a la Reforma Energética que tuvo lugar en 2013”, dijo a Zenger Isidro Morales, un académico no residente del Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de la Universidad Rice.

Al no lograrse un acuerdo entre el consorcio y Pemex, la decisión de unificar el yacimiento pasó a manos de Rocío Nahle García, Secretaria de Energía de México, quien concedió la responsabilidad a Pemex. Nahle García forma parte la junta directiva de Pemex, hecho que fortalece el vínculo entre el gobierno y la empresa estatal.

Después de un incendio en una plataforma petrolera del sur del Golfo de México en abril de 2015, la decisión del gobierno mexicano de otorgar a Pemex derechos de operación para perforar en el área fue una sorpresa para el consorcio internacional, dijo Morales.

El director general de #PEMEX Ing. Octavio Romero Oropeza, realizó un recorrido de supervisión por instalaciones petroleras, acompañado de los consejeros independientes de la empresa. pic.twitter.com/iSwJ6AIu2G

— Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 3, 2021

Durante los últimos nueve años, ha habido varios incidentes relacionados con la empresa. Uno de los más graves ocurrió el 20 de abril de 2016, cuando una explosión en la planta Clorados III, en Coatzacoalcos, mató a 28 personas. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano acoge a Pemex, protegiéndola a toda costa.

“Desde que esta administración [asumió el poder], Pemex se ha vuelto altamente protegida por el nuevo gobierno”, dijo Morales a Zenger, y señaló que el gobierno de AMLO estaba dispuesto a otorgar los derechos de perforación en Zama a Pemex en lugar de al consorcio petrolero de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña.

“Lo que realmente desalienta al consorcio es que tenían un supuesto 60 por ciento del campo Zama, y ahora el gobierno mexicano dice que Pemex tiene el 51 por ciento del campo”, dijo Morales. Como resultado, Pemex ahora tiene el poder de una inversión mayoritaria, lo que le da la ventaja al tiempo que muestra a los inversionistas extranjeros que el gobierno tiene la última palabra y el poder para deshacer acuerdos anteriores.

“No sabemos si el consorcio va a litigar la decisión a través del T-MEC [el TLCAN renegociado] o si aceptará la decisión [de la Secretaria de Energía de México]”, dijo Morales.

Para detener el fuego después de la explosión, Pemex tuvo que cerrar el campo Zama, según Morales. El infierno en el océano llegó a los encabezados periodísticos de todo el mundo.

Morales dijo que siempre hay un riesgo asociado con la industria de los combustibles fósiles, pero Pemex no invirtió gran parte de su presupuesto para mejorar su infraestructura. Si lo hubiera hecho, dijo Morales, el incendio podría haberse evitado. “Hubo un problema con el mantenimiento… [tenían que] actualizar sus refinerías o mejorar la infraestructura en sus campos petroleros”, dijo.

“Pemex está trabajando con un presupuesto muy estrecho y canalizan mucho dinero hacia el aumento de la producción”, dijo. La asignación de fondos de Pemex se utilizó para aumentar la producción a fin de cumplir con las ambiciosas metas de AMLO en lugar de realizar el mantenimiento de equipos inestables, lo que finalmente condujo a la fuga, dijo Morales.

“Almost every country has reneged deals or changed its policy when the price of #oil goes up or after a major discovery,” @CES_Baker_Inst‘s @fmonaldi told @HoustonChron, calling Mexico’s seizure of U.S.-discovered oil “a recurring lesson in #LatinAmerica.”https://t.co/1f1XsHFG5A

— Baker Institute (@BakerInstitute) July 7, 2021

El apoyo inquebrantable del actual gobierno mexicano a Pemex puede hacer que las compañías petroleras extranjeras y los inversionistas se muestren cautelosas. “El asunto Zama ha planteado preguntas al otro lado de la frontera norte de México y está haciendo que las empresas ponderen los riesgos de hacer negocios en el país”, dijo a Zenger Adrian Duhalt, becario postdoctoral en Estudios de Energía en el Instituto Baker de la Universidad Rice.

“La designación de Pemex como operador de Zama es el ejemplo más reciente que indica que el nacionalismo de recursos está aumentando en México”, dijo. Explica la decisión de Nahle García de otorgar a Pemex la participación mayoritaria en el yacimiento Zama, así como los derechos de operación.

“El incendio cerca de una plataforma petrolera en altamar en el Golfo de México el 2 de julio, hizo que los observadores de la industria en el país y en el extranjero se preguntaran si tal incidente podría haberse evitado”, dijo Duhalt. “Esa es una duda razonable dado que las estrechas finanzas de la empresa podrían haber comprometido el mantenimiento de las instalaciones, incluidas las ubicadas frente a la costa de Campeche. Pero, por otro lado, se debe considerar que ocurren accidentes en la industria del petróleo y el gas”.

Pemex atribuyó el accidente a tormentas eléctricas y presencia de gas en la superficie del océano.

Tormentas eléctricas y presencia de gas en superficie del mar, ocasionaron incendio en la Sonda de Campeche.https://t.co/HCZAB8jp7F pic.twitter.com/gkrSILg78V

— Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 5, 2021

La extracción de petróleo suele ser peligrosa. “El proceso de extracción de combustibles no es tan limpio como nos gustaría, y ocasionalmente ocurren este tipo de accidentes”, dijo a Zenger David Sacco, practicante residente del Colegio de Negocios Pompea de la Universidad de New Haven.

Sin embargo, quedan dudas sobre el manejo de la industria por parte de México y la presión del gobierno para aumentar la producción y llenar las arcas de la nación, una estrategia que ha utilizado en el pasado para recaudar ingresos.

“¿Es esto un accidente que ocurre en el curso de las operaciones normales, o los inversionistas lo ven como algo muy específico de Pemex y del sistema de regulación mexicano?”, dijo Sacco.

Pemex es gubernamental desde 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas la expropió. Desde ese año ha sido un símbolo de soberanía y una fuente de ingresos del gobierno, y alcanzó su punto álgido en la década de 1970. En las últimas dos décadas ha perdido protagonismo y capacidad de producción.

83 Aniversario de la Expropiación Petrolera#PEMEX#PorElRescateDeLaSoberanía pic.twitter.com/yfz9eWDJ4d

— Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 19, 2021

En 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto lanzó la Reforma Energética, parte de la cual otorgaría concesiones a empresas petroleras extranjeras para licitar por participar en la industria mexicana en diferentes niveles, luego de siete décadas de proteccionismo. Pero AMLO ha expresado públicamente su disconformidad con la reforma y su convicción de que Pemex debe seguir perteneciendo a los mexicanos, con control directo del gobierno sobre ella.

“El hecho de que la Secretaría de Energía forme parte de Pemex y de la Secretaría que regula ese sector de la economía mexicana, ciertamente no es algo a lo que estemos acostumbrados en Estados Unidos, al menos no tan abiertamente”, dijo Sacco, y agregó que el puesto de Nahle García en la junta directiva de Pemex al mismo tiempo en que se desempeña como secretaria de Energía equivale a “nepotismo”.

El consenso es que solo el tiempo dirá cómo responderán los inversionistas a la situación y si habrá repercusiones económicas.

“Si descubrimos que es una debilidad de la regulación o una corrupción seriamente manifiesta, donde otorgaron un contrato a sabiendas de que la empresa no podía hacer el trabajo o no podía hacerlo correctamente, entonces ese es un problema, pero si no, entonces no creo que tenga tanto impacto económico”, dijo Sacco.

Al mismo tiempo, como dijo Morales, se habla de que los inversionistas extranjeros, incluso en la industria energética, pueden ver la inversión en México como demasiado arriesgada si el gobierno puede dar marcha atrás en los acuerdos bajo la bandera de “nacionalismo”.

Traducción de Yerem Mújica; editado por Yerem Mújica y Melanie Slone