Con 35 expedientes legales por diversas irregularidades, usuarios de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo exigieron este viernes ante el Poder Judicial federal la revocación de la concesión de 30 años otorgada en 2016 al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), conformado por empresarios españoles.

Incumplimiento de normas sanitarias

Los inconformes señalaron que la empresa ha desacatado una sentencia federal emitida en noviembre de 2024, que la obligaba a presentar los certificados sanitarios exigidos por las normas NOM-230-SSA1-2002 y NOM-179-SSA1-1998 para poder operar los servicios de agua potable y saneamiento.

A casi ocho meses de la resolución, Grupo MAS no ha cumplido con la entrega de dichos documentos, lo que motivó que los usuarios pidieran que este incumplimiento sea el punto de partida para resolver los demás procesos legales y retirar la concesión.

Concesión bajo cuestionamiento

La concesión, otorgada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, obliga a Grupo MAS a brindar servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a más de 400 mil usuarios, garantizando continuidad y calidad.

Además, la empresa debe encargarse del tratamiento de aguas residuales y evitar que volúmenes significativos sean vertidos al mar mediante drenajes pluviales.

En caso de incumplimiento, el contrato establece sanciones de hasta 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la posibilidad de una terminación anticipada, lo que implicaría la reversión de los servicios a los municipios sin costo adicional.

Protesta ciudadana La mañana del 5 de septiembre, decenas de usuarios que promovieron el amparo se manifestaron afuera de los juzgados del Séptimo Circuito, en Boca del Río, para exigir que la empresa privada cumpla con los requisitos federales y se dé paso a la cancelación de la concesión.