Un grupo de una veintena de exgobernantes de América Latina y España manifestó este viernes que el juicio penal a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez es “arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional” y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar.

En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno salen en defensa de Áñez y de la legitimidad de la Presidencia transitoria que ejerció a partir de noviembre de 2019 y hasta el mismo mes de 2020.

“Preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”, dice la declaración.

Los exgobernantes subrayan que “una exmandataria solo puede ser procesada ante el Tribunal Supremo en un Juicio de Responsabilidades” y que la acusación de que promovió y llevó a cabo un golpe de Estado es “una acusación inventada sobre un hecho que no existió”.

“La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas”, señalan.

A su juicio hay “una imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Áñez”.

Por ello y por “el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional”, los exgobernantes consideran que los “testigos y facilitadores” de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez deberían “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

Entre esos testigos y facilitadores están Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), el Gobierno de España, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica, según la declaración, que incluye un pormenorizado relato de la crisis que vivió Bolivia en 2019.

Los exgobernantes dicen que Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia ante la renuncia del presidente y primer vicepresidente de esa cámara, en medio de la “profunda crisis en que estaba sumido el país por la cadena de vulneraciones constitucionales” cometidas por el expresidente Evo Morales, quien finalmente renunció y abandonó el país.

“En la línea de sucesión le correspondía legítimamente conducir el país”, subrayan antes de recordar que el “carácter constitucional” de su Presidencia fue reconocido incluso por la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlados por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

El Gobierno constitucional transitorio de Áñez igualmente fue reconocido por la comunidad internacional incluyendo a Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Rusia, China y países de la región.

Los exgobernantes subrayan también que Áñez, “en estricto apego a la Constitución”, reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, y dejó el cargo el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, ganador de los comicios.

“Hoy, el presidente Arce reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad”, dice la declaración.

El documento está firmado por 23 exgobernantes, entre ellos el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, y los bolivianos Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga.