Miscelánea, salud y política, Judith Álamo López

Este 23 de marzo se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y es tiempo que se desconoce quién fue el autor intelectual del crimen político que cimbró al país gobernado hasta entonces por más de 60 años por presidentes provenientes del sistema de partido único. 

La desaparición del sonorense, considerado un mártir de la democracia, permitió que Ernesto Zedillo lo sustituyera en la candidatura presidencial del PRI, este a su vez rompió con Carlos Salinas de Gortari, encarceló a su hermano Raúl y rechazando su liderazgo del PRI, abrió la puerta a la alternancia.

Su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, agradeció hace unos días el homenaje a la memoria de su padre, pero la mejor forma de honrarlo, dijo, es que se haga justicia hoy, para evitar que miles de niñas y niños tengan que sufrir esa carencia de padres el día de mañana, y actualizó lo dicho por su padre: México sigue con hambre y sed de justicia. Hay que sumarnos a este clamor.

Tres décadas atrás, vox populi señaló al presidente Carlos Salinas de Gortari como el principal sospechoso del complot, años después Salinas acusó a la nomenklatura del PRI, así en forma imprecisa y desmarcándose de ser parte de la alta jerarquía del partidazo. 

Con el paso del tiempo ha crecido una corriente de analistas y opinadores que creen en que el atentado fue orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, con la participación del jefe de asesores del presidente, el francés con ascendencia española José María Córdoba Montoya.

Todos los indicios –como la selección de un predio inhóspito y arrinconado en Lomas Taurinas para celebrar un mitin de campaña presidencial; subir el volumen del sonido para amortiguar los balazos; carecer de seguridad suficiente por parte del Estado Mayor Presidencial; la remodelación inmediata de la escena del crimen, la desaparición de testigos, las consignas para los fiscales a cargo de la investigación del caso, etcétera– apuntan a un crimen de Estado.

Hay quienes siguen dudando que el magnicidio haya sido obra de un asesino solitario debido a las heridas: una fue en el lado derecho de la cabeza, otra en el lado izquierdo del abdomen. Otros siguen creyendo que el verdadero criminal fue suplantado y aseguran que la forma de la cara y la textura del pelo no coinciden con el detenido en el lugar de los hechos captado por la televisión.

La justicia fue llevada por un laberinto estrecho y oscuro, se impidió la investigación y resolución del caso, por este camino transitaron cuatro fiscalías: la primera dictaminó una acción concertada que involucraba a seis hombres, luego se desdijo y planteó la tesis del asesino solitario; la segunda fiscalía logró la condena indubitable de Aburto a 42 años de prisión.

La tercera consideró que había sido una conspiración en la que participaron dos gatilleros, Aburto y el chofer Othón Cortés Vázquez, quien, a falta de pruebas, fue liberado; la cuarta fiscalía, creada tres años después del hecho, encabezada por Luis Raúl González Pérez, no pudo concluir nada nuevo la escena del crimen ya había sido totalmente modificada.

Treinta años después, el gobierno actual, más por propósitos políticos, confirma su animadversión con el expresidente Felipe Calderón y usa el tema como un distractor más de la violenta realidad del país, intentó revivir la investigación y para ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos –quien se convirtió en apéndice de la voluntad presidencial– demandó que se reabriese la investigación por las torturas a Aburto.

La Fiscalía General de la República creó una Fiscalía especial, a cargo de Abel Galván Gallardo, la cual “ha identificado con plenitud a un segundo tirador”, el acusado es Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exintegrante del CISEN (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional), quien estaba asignado al equipo de seguridad del candidato presidencial del PRI. 

El agente presentó manchas de sangre del tipo de Colosio en su chamarra y salió positivo a la prueba de radizonato que detecta pólvora en quien haya accionado un arma, pese a ello fue liberado a solicitud de su entonces jefe, Jorge Tello Peón, director del CISEN, quien para ello envió a Genaro García Luna, subdirector operativo del Centro, con 27 años de edad.

Sin embargo, el juez Alberto Chávez Hernández rechazó los nuevos alegatos de la Fiscalía y no vinculó a proceso a los acusados. La FGR anunció que apelará el fallo. ¿A quién benefició la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta? A Carlos Salinas de Gortari, no. 

¿A Ernesto Zedillo? quien por cierto era muy cercano a José María Córdoba Montoya, el economista francés, asesor de Salinas de Gortari desde la campaña presidencial de Miguel de la Madrid. 

Zedillo, sin el apoyo de su mentor y asesor de tesis, Córdoba Montoya, no hubiera sido coordinador de la campaña de Colosio, y de no haber ocurrido su homicidio, nunca hubiera sido el candidato y posteriormente el presidente de la República.

En 1994, la contienda electoral fue entre Diego Fernández de Cevallos, representando al Partido Acción Nacional (PAN) y Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Una vez asumida la presidencia de la República, Zedillo apresó a Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del expresidente, a quien acusaron de una decena de delitos, incluidos el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y líder de los diputados, y la desaparición del diputado Manuel Muñoz Rocha. Tras 10 años de encarcelamiento en Almoloya de Juárez, fue exonerado de todos los cargos.

Un año antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio se efectuó la XVI Asamblea Nacional del PRI en Aguascalientes, Aguascalientes, en abril de 1993. Era el momento de hacer el esperado cambio en los estatutos del PRI, había que democratizar al partido, recuperar su esencia liberal, nacionalista y popular, desconcentrar el poder de las cúpulas partidistas sectoriales, proscribir corrupción e impunidad… eso esperaba Colosio, quien como secretario de Desarrollo Social estaba a cargo de los programas sociales. 

Pero no ocurrió así, el presidente Salinas de Gortari en su quinto año de gobierno se sentía todopoderoso, así que decidió demostrárselos a la dirigencia del PRI. Esa mañana la columna de Francisco Cárdenas Cruz en el Universal vaticinaba el fin de la presidencia de Genaro Borrego en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, anunciaba que el presidente Salinas acompañado con la fuente presidencial, presidiría ese mismo día la clausura de los trabajos y daría posesión a Fernando Ortiz Arana.

A todos tomó por sorpresa la soberbia presidencial de no consultar a la dirigencia, nadie. Ni Genaro Borrego, ni Alfonso Martínez Domínguez, ni Pedro Ojeda Paullada sabían lo del cambio en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Tampoco fueron consultados sobre el contenido de los documentos finales, mismos que ya aprobados llegarían junto con el mandatario. Varios de los dirigentes ofendidos se marcharon antes de la clausura. Salinas cerró la Asamblea en un estado emocional exultante, jubiloso, arengando a todos a gritar: Salinas, Salinas, Salinas.

En 1991, siendo senador de la República, recién nombrado presidente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta nos pidió a los reporteros de la fuente comprensión debido a que se ausentaría de las labores legislativas por la carga enorme de trabajo en el partido. Me prometió una exclusiva para el Canal 13 sobre los cambios que se avecinaban en el PRI, anunciaba que pronto habría grandes reformas.

Cumplió. En la presidencia del PRI me dio una entrevista en la que hacía una severa crítica al sistema partidista. Gravé un resumen para el noticiario Primera Edición que se transmitía a las 14:00 horas; para las 7:00 p.m. de la Presidencia de la República salió la orden a la Dirección de Noticiarios para congelar su transmisión, el presidente del PRI no contaba con anuencia de la oficina de Córdoba Montoya para transmitirla.  Más tarde me llamó un Luis Donaldo Colosio apenado para disculparse y dijo que habría que esperarnos a la XVI Asamblea.

En el año 2000 entrevisté a Manuel Camacho Solís (1946-2015), era el candidato a la presidencia de la República por el Partido del Centro Democrático, en 1993 él se inconformó cuando Salinas de Gortari se decidió por la candidatura de Colosio para sucederlo, seis años después dijo que Salinas traicionó un pacto celebrado con él desde que eran estudiantes de Economía para sucederlo si llegaba a la presidencia. Ambos emprenderían grandes reformas para cambiar el sistema político, económico y social mexicano.  

Justificó: “No hay hombre que resista una concentración de poder como la que hay en la presidencia mexicana y si a eso sumamos sus debilidades, sus pasiones terminaron siendo usadas por la corte para cerrar las posibilidades de reforma, para colocarlo exclusivamente del lado de la defensa del ‘aparato’. Eso echó a perder el proyecto. Y luego el presidente perdió piso y cometió grandes errores de carácter político y personal. Todo eso terminó por distanciarnos de manera definitiva”. El presidencialismo exacerbado, ese que no admite compartir ni dividir el poder, que quiere perdurarse a través de incondicionales, que no quiere rendir cuentas, que hace uso abusivo y caprichoso de los recursos públicos, que viola la Constitución, como el que actualmente afecta la marcha del país, debe detenerse con la participación democrática de los ciudadanos en los próximos comicios.