El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), acelera su programa de transición de vehículos de combustión a unidades eléctricas, una estrategia que no solo contempla automóviles particulares, sino también flotas de transporte de pasajeros y más de 13 millones de vehículos de carga, entre ellos miles de unidades mexicanas que cruzan diariamente la frontera.

Como parte de esta política, la administración del presidente Donald Trump presiona para que, del total de vehículos mexicanos registrados que transportan mercancías hacia Estados Unidos, al menos el 10 por ciento sean unidades eléctricas para el año 2027.

La medida, anunciada por la EPA, comenzaría a aplicarse en California, entidad clave para el intercambio comercial entre ambos países. Esta situación ya genera preocupación entre transportistas mexicanos, particularmente en la región noroeste, ante los altos costos de las unidades eléctricas y el corto plazo para cumplir con la normativa.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió que cada camión eléctrico tiene un costo estimado de hasta 500 mil dólares, frente a los aproximadamente 135 mil dólares que cuesta una unidad diésel. Además, el gremio tendría que incorporar alrededor de 300 vehículos eléctricos para cumplir con la exigencia del regulador ambiental estadounidense.

De acuerdo con información de la agencia especializada Latamobility, esta estrategia se planteó desde la administración de Joe Biden y busca impulsar la producción de vehículos híbridos y eléctricos. La meta es que todos los vehículos nuevos que se comercialicen en Estados Unidos, incluidos autobuses y camiones de carga, sean de cero emisiones para el año 2032.

El delegado de Canacar en la región Noroeste, Alfonso Millán, explicó que la Ley Ambiental de California establece que, para 2027, los transportistas mexicanos deberán contar con al menos el 10 por ciento de su flotilla registrada con sistemas eléctricos, lo que impactará directamente a quienes realizan operaciones de comercio transfronterizo, informó la Agencia Fronteriza de Noticias, con sede en Tijuana.

La representación de Canacar señaló que la orden ejecutiva presidencial en Estados Unidos es clara en cuanto a acelerar la electromovilidad, por lo que el gobierno de California ya utiliza todos los mecanismos legales disponibles para su pronta implementación.

El sector transportista en México considera que el plazo es insuficiente para una transición de esta magnitud, especialmente por el elevado costo de las unidades eléctricas y la falta de condiciones para renovar de manera acelerada sus flotas.