De acuerdo con un reportaje exclusivo de ProPublica, el gobierno de Estados Unidos tiene bajo la lupa a 35 funcionarios y políticos mexicanos —incluyendo gobernadores, líderes de Morena y figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador— por presuntos vínculos con el crimen organizado. El medio estadounidense asegura que Washington ya prepara sanciones y cancelaciones de visas como parte de una ofensiva más amplia contra la corrupción transnacional.

Investigación inició tras el retiro de la DEA de México

Según el periodista Tim Golden, autor del reportaje, la investigación comenzó en 2019, año en el que el gobierno de López Obrador restringió la participación de la DEA en operativos antinarco dentro del país. Desde entonces, un equipo especial de la Casa Blanca ha recopilado información proveniente de agencias policiales y de inteligencia sobre altos funcionarios y hasta elementos del sector militar mexicano con sospechas de nexos con cárteles de droga.

El grupo encargado de esta investigación está encabezado por Anthony Salisbury, asesor de seguridad nacional, Terrance Cole, posible futuro titular de la DEA, y Matthew Donahue, subjefe de operaciones de la misma agencia.

Caso Marina del Pilar, la primera señal pública

Esta revelación llega días después de que se hiciera pública la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres Torres. Según fuentes citadas por ProPublica, esta acción sería solo el inicio de una lista más amplia de medidas similares dirigidas contra funcionarios de alto nivel en México.

Aunque no se han revelado nombres concretos, el reporte menciona que la lista negra ya está en manos del expresidente Donald Trump, quien podría utilizarla como una estrategia política y diplomática en su campaña presidencial y en sus tratos bilaterales con México.

Posibles sanciones del Departamento del Tesoro

Fuentes del Departamento de Estado indicaron a ProPublica que las cancelaciones de visas podrían acompañarse de sanciones económicas del Departamento del Tesoro, lo que incluiría congelamiento de activos y prohibición de realizar negocios con entidades estadounidenses. Estas sanciones estarían dirigidas a quienes, además de estar bajo sospecha, tienen inversiones o relaciones financieras en EE.UU.

Un portavoz del Departamento del Tesoro, sin confirmar detalles, señaló que se trata de un proceso altamente confidencial en curso.

¿Qué implicaciones tiene para México?

Estas investigaciones y posibles sanciones elevan la tensión en las relaciones México-Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad, corrupción y cooperación bilateral. El enfoque de Washington refleja una creciente desconfianza hacia figuras políticas mexicanas y podría marcar un cambio en la forma en que ambos países abordan el narcotráfico y la transparencia gubernamental.