El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles sobre la apertura de una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, en una indagatoria encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las pesquisas apuntan a una supuesta red de colaboración estructurada entre funcionarios sinaloenses y la organización criminal, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La acusación sostiene que diversos servidores públicos, incluidos mandos policiales y altos funcionarios de procuración de justicia, habrían recibido millonarios sobornos a cambio de brindar protección, facilitar información estratégica y utilizar recursos estatales para resguardar operaciones vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Según la legislación de Estados Unidos, Rocha Moya podría enfrentar cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como delitos relacionados con posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y artefactos explosivos, sanciones que podrían derivar en una pena de hasta cadena perpetua o condenas de varias décadas en prisión.

En el documento presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades señalan que los acusados, actuales y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, presuntamente colaboraron con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.

Además de Rocha Moya, la acusación incluye a otras nueve personas identificadas como Enrique Inzunza Cazárez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela.

El caso podría tener repercusiones políticas y diplomáticas de alto impacto, al involucrar a figuras clave del gobierno sinaloense en una de las investigaciones más delicadas sobre presunta infiltración del narcotráfico en estructuras de poder estatal.