Escaparates sin luz, menos calefacción y lavavajillas en modo económico son algunas de las medidas que el Gobierno francés pretende poner en marcha para bajar la factura energética del país en un 10 % hasta 2024.

La subida de precios de la energía por la guerra en Ucrania y su impacto en la inflación han llevado al Ejecutivo de Emmanuel Macron a adoptar medidas aplaudidas por la mayoría, como establecer un tope en la subida de la electricidad o un generoso descuento temporal para el carburante, junto a otras menos populares y más difíciles de llevar a cabo.

“Para reducir nuestra dependencia al gas y al petróleo (de Rusia) se debe intensificar el esfuerzo de sobriedad energética que ha de implicar a todo el mundo”, aseveró este viernes el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, quien, ante las críticas de que el propio Ejecutivo es un gran derrochador de energía, asumió que tiene que cambiar de comportamiento y “dar ejemplo”.

El ministerio de la Transición Ecológica, pilotado por Agnès Pannier-Runacher, ha encabezado esta semana varias reuniones de trabajo para acelerar un plan de ahorro energético que combina las sanciones a empresas despilfarradoras con una incitación a hábitos más austeros por parte de los particulares.

La meta: ahorrar el 10 % de la actual factura energética, que incluye la electricidad y el gas, hasta 2024, y un 40 % hasta 2050.

Según fuentes del Ministerio consultadas por EFE, las viviendas figuran como las principales fuentes de gasto energético, por tanto las que deberían remangarse más para lograr bajar la factura.

“Hay gestos cotidianos, como dejar la luces de los estacionamientos (públicos y privados) encendidas todo el rato, que pueden cambiarse”, indican las mismas fuentes. Hay otros hábitos, como usar el lavavajillas en modo económico o bajar la calefacción un grado, que también pueden generar ahorros sustanciales.

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha enviado a todos los ministerios una circular con una serie de medidas que deben emprender para que los edificios públicos recorten su gasto energético en un 10 % en dos años.

Sin embargo, especialistas en política energética consultados por EFE son escépticos sobre esas metas del Gobierno de Macron, quien, paralelamente a la “sobriedad energética”, apuesta por construir más reactores nucleares para no depender tanto de las cada vez más caras importaciones de energía.

“No sé si el Ejecutivo es consciente de que nuestras necesidades energéticas aumentan cada vez más, pero sí que tiene razón en ver que hay muchos ahorros por hacer, se malgasta mucho”, estimó en declaraciones a EFE Olivier Babeau, del centro de estudios francés “Sapiens”.

Para Babeau, la medida más eficaz en el corto plazo es aumentar el precio de la energía: “Si se sube el precio, automáticamente se consume menos, aunque es cierto que eso perjudica a los hogares más modestos”.

El analista adujo que “sin una auténtica movilización” de la sociedad sobre el consumo energético no será posible aligerar la factura y alertó de que el verdadero desafío de la energía en Francia se traza “en el largo plazo”.

“El problema es la dependencia de la energía sucia (fósil), por eso creo que hay que apostar en la nuclear, considerada neutra desde el punto de vista de las emisiones”, resumió.

MULTAS A LOS COMERCIOS DESPILFARRADORES

Paralelamente a la labor de concienciación ciudadana, el Gobierno galo apuesta en su plan en la disuasión, que contempla sanciones a las superficies comerciales que incumplan las nuevas normas de austeridad energética.

“Basta dar una vuelta por el centro de París y comprobar cómo los comercios son laxos respecto a las normas de economía de energía”, indicaron fuentes del gabinete de Pannier-Runacher.

Por ello, se prohibirá por decreto la publicidad luminosa durante parte de la madrugada (de la 1 a las 6) y la climatización de comercios u oficinas que tengan las puertas abiertas.

Durante la ola de calor de mediados de julio, en la que se batieron récords de temperatura en amplias zonas del país, varias ciudades como París o Lyon prohibieron esa práctica y ahora el Gobierno la quiere generalizar a todo el país bajo la amenaza de una multa de 750 euros.

La iluminación de los carteles publicitarios y de los escaparates también se restringirá. Se aplicará en todo el territorio nacional, dejando de depender de las ordenanzas municipales, y para los incumplidores la sanción será de 1.500 euros.