De Política Alejandro Álvarez Manilla

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en los primeros días de 2026 ha significado uno de los actos más disruptivos en la política hemisférica de las últimas décadas. No se trata simplemente de una operación policial o de cumplimiento de una orden judicial: es una intervención militar que ha reconfigurado las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, al tiempo que ha desatado un debate global sobre la legitimidad, la soberanía y los límites del uso de la fuerza internacional.

Desde la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump ha defendido con orgullo esta acción, justificándola con acusaciones contra Maduro que lo pintan como un “violento” responsable de acciones atroces y vínculos con el narcotráfico, incluso sugiriendo la existencia de cámaras de tortura en Caracas. Este tipo de retórica, aunque impactante, debe ser colocada en contexto: acusaciones graves requieren evidencia sólida y procesos judiciales transparentes, no solo declaraciones que consolidan narrativas convenientes a objetivos políticos inmediatos.

Pero más allá del juicio sobre la personalidad de Maduro, la cuestión de fondo es cómo una potencia global decide actuar militarmente contra otro Estado soberano sin autorización explícita de organismos multilaterales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Expertos en derecho internacional han señalado que acciones como esta —que implican el uso de la fuerza sin consentimiento— contravienen principios básicos del derecho internacional y sientan un precedente peligroso para la estabilidad global.

Es comprensible que exista frustración frente a regímenes autoritarios o corruptos. La comunidad internacional ha documentado durante años problemas estructurales en Venezuela que han provocado tensiones regionales, crisis migratorias y acusaciones de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, legitimar una intervención militar unilateral como herramienta de política exterior desafía la misma idea de soberanía que se proclama defender. La historia contemporánea está repleta de ejemplos en los que intervenciones similares —desde Irak hasta Libia— no solo no resolvieron los problemas de fondo, sino que los exacerb­aron, generando caos interno y un aumento de sufrimiento para las poblaciones locales.

Además, la narrativa de intervención “por la justicia” o “en defensa de la seguridad” corre el riesgo de ocultar intereses geopolíticos y económicos de mayor alcance. La prolongada crisis energética en Venezuela, con una de las reservas petroleras más grandes del mundo, invita a preguntarse si el control sobre recursos estratégicos también juega un papel en decisiones de política externa. El debate no puede reducirse a buenas o malas intenciones; requiere analizar quién gana, quién pierde y qué estructuras se refuerzan con cada acción.

La reacción global ha sido inmediata y diversa. Gobiernos de diversos continentes, desde Europa hasta África, han criticado la operación estadounidense, señalando que violenta la Carta de la ONU y pone en riesgo la soberanía de los Estados. Incluso aliados tradicionales han expresado reservas o llamado a soluciones pacíficas y dialogadas que respeten el principio de no injerencia.

Lo que está en juego va mucho más allá de la figura de Maduro: es el futuro de la diplomacia internacional. Si acciones como esta pasan a ser normales, ¿qué impedirá que otras potencias recurran a intervenciones similares bajo pretextos estratégicos o de seguridad? El precedente abre la puerta a una reinterpretación peligrosa de la soberanía, debilitando los pilares que han sostenido el orden internacional desde mediados del siglo XX.

En última instancia, la justicia y la rendición de cuentas deben buscarse dentro de marcos legales y multilaterales que respeten tanto los derechos humanos como la independencia de los pueblos. La intervención estadounidense en Venezuela y las acusaciones contra Maduro no pueden interpretarse como un triunfo simple o binario. Son un llamado urgente a reevaluar cómo las grandes potencias ejercen su influencia y a insistir en que el respeto por la soberanía y el derecho internacional no sean meras aspiraciones retóricas, sino normas efectivas que protejan a todas las naciones, grandes o pequeñas.