Miscelánea, salud y política

Por Judith Álamo López

Septiembre de 2022, el mes de la Patria, cerrará como un mensuario histórico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lo que no se debe hacer: quiso dejar en la memoria histórica nacional una prueba de que el líder de la 4T está con la verdad y la justicia y cumplir con su compromiso de esclarecer un horrendo crimen de Estado cometido en contra de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y le salió el tiro por la culata.

Otra vez, a quien manda, le ganó la urgencia de aparentar logros inciertos: victorias pírricas. Al no cumplirse el escenario montado, se publicó el Informe sobre el caso de la investigación efectuada por la Comisión de la Verdad, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el 18 de agosto, sin el aval de los familiares de los desparecidos ni del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

No se midieron las consecuencias de sacar a la luz la presunta participación de elementos del Ejército en un crimen que lastima y duele a la sociedad, en tiempos en que el mandatario más requiere de la buena voluntad de los jefes de las fuerzas armadas para mantener su política de seguridad pública. En tiempos en que la sociedad quiere confiar en sus instituciones fundamentales.

En un ambiente de crispación, se dio el octavo aniversario de la funesta desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero (26 de septiembre). La verdad histórica del presidente López Obrador no convenció a los familiares de los normalistas, por el contrario, suscitó marchas y acciones extremas de protesta –con quemas de vehículos particulares y oficiales– en sedes militares.

Dicen diversos grupos sociales y de poderes fácticos que nada justifica los desmanes. Creo que habríamos de ponernos en los zapatos de los familiares de las víctimas para explicar la furia de las protestas que dan lugar a avizorar una crisis de Estado al pretender cobijar la sombría cadena de impunidades que subsisten en nuestro sistema político.

El Estado nacional de ayer y el de hoy son semejantes, pues no se ha dado una reforma profunda constitucional, hasta los militares –en entredicho– son parte del factótum de los jefes de las fuerzas armadas actuales. El sistema presidencial, con López Obrador además de sus mega-atribuciones constitucionales, recuperó sus características meta constitucionales, esas que Jorge Carpizo adjudicaba al jefe del partido hegemónico en el poder, antes el PRI hoy Morena.

La diferencia fundamental está en la narrativa presidencial que vende un proyecto convincente pero incierto –los grupos tradicionales de izquierda le adjudican características de derecha y hay quienes lo califican de fascismo–. El líder autócrata clama por una justicia al margen de la ley, lo que significa un peligroso retroceso. Sin embargo, si hacemos caso a las encuestas, su ejercicio es ampliamente aprobado por el pueblo “bueno y sabio”. ¿Será?

La crisis de septiembre se agravó con la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especializada para investigar y litigar el Caso Ayotzinapa, “por diferencias” en la aplicación de órdenes de aprehensión que dejaron fuera a 21 de las 83 personas vinculadas a proceso, 15 de ellas militares.

Gómez Trejo, a mediados de septiembre, según publicó la reportera Diana Lastiri, ya había renunciado y revelado a los familiares de los jóvenes desaparecidos que el gobierno buscaba proteger con un manto de impunidad a los militares involucrados a través de la FGR.

El presidente de México se disculpó por la revelación en medios periodísticos de informaciones sobre el caso y no darles a ellos la primicia –como estaba acordado–, reiteró su compromiso a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa en que cumplirá con hacer justicia, aunque se quejó de “recibir presiones de todos tipos y de todas partes”.

Estas presiones, coinciden familiares de normalistas, analistas y representantes de la opinión pública, sólo pueden venir del Ejército. ¿Son inadmisibles? López Obrador ha sido considerado un animal político, pese a ello, la relación del gobierno con el Ejército, parece no ir bien. Utilizadas en exceso, involucradas en tareas ajenas a su naturaleza, ahora las Fuerzas Armadas exigen reciprocidad.

Fiel a su estilo, el jefe del Ejecutivo se queja de no poder aplicar la justicia por su propia mano, debido a que los jueces y sus procedimientos (enfadosos) le exigen ajustarse al debido proceso. El mismo debido proceso que, al ser violado, lamentablemente obliga a dejar en libertad a presuntos culpables, en un círculo vicioso que provee de inmunidad al delincuente.

Los abogados de los militares, Alejandro Robledo y César Omar González, representantes de los indiciados: general José Rodríguez, capitán José Martínez, subteniente Fabián Alejandro Pirita y sargento Eduardo Mota, acusan al subsecretario Encinas de manipulación informativa e inventar evidencias para fabricar culpables, motivo por el cual emprenderán acciones legales en su contra.

El caso más sólido parecía ser el del ex procurador Jesús Murillo Karam, autor de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero una juez federal determinó que no podrá iniciarse su juicio, hasta que sea resuelto el amparo que presentó contra la vinculación a proceso por los delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada, de los que fue acusado.

Especialistas del tema mencionan los nuevos mensajes de WhatsApp difundidos por periodistas de Reforma, como indicios de que sí participaron en el crimen masivo elementos del Ejército, autoridades municipales y el grupo delincuencial “Guerreros Unidos”.

Los restos forenses no estuvieron nunca ni en Cocula, ni en el Río San Juan, lugares donde la Comisión de la Verdad realizó más de 100 acciones de búsqueda. Tras ocho años de magros resultados, habrá que iniciar la búsqueda de evidencia en los nuevos parajes mencionados.

Las imágenes recientes se integran a la historia de perpetradores de crímenes horrendos en que narcotraficantes, políticos y fuerzas del orden estuvieron involucrados. ¿Cómo explicar aprehensiones y liberaciones, manipulación de evidencia genética, el asesinato de testigos, sin la complicidad de las autoridades? Muchos temen que esta historia nunca tenga un desenlace verídico y el autor o autores de la masacre queden impunes.

Este jueves 29, conoceremos la opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para contribuir a esclarecer el caso Ayotzinapa. Este grupo y la Comisión de la Verdad luchan porque la memoria prevalezca ante el olvido.

El GIEI, el pasado mes de marzo, en su Informe III, fue el primero en difundir pruebas de la presencia militar al presentar imágenes de la participación de elementos de Marina y del ex procurador Murillo Karam en la aparente siembra de restos forenses.

Este grupo de profesionales expertos de origen extranjero, provenientes de países latinoamericanos, sigue teniendo la confianza de los colectivos defensores de los derechos humanos en México, especialmente de los familiares de los desaparecidos con quienes han estrechado vínculos de respeto y empatía. Esperemos su posicionamiento frente a las últimas revelaciones sobre este crimen de lesa humanidad.