Puntales Agustín Vargas

• En 4 años el débito habrá aumentado casi 50%
• Cifras se contraponen con el discurso oficial
• Persecución e intimidación a contribuyentes
• Exhortan empresarios a defender al INE y al TEPJF

El Congreso aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2023. La iniciativa fue aprobada prácticamente como la envió el gobierno, sin cambios mayores y muy importante, respetando todos los supuestos macroeconómicos para su elaboración.

Desde el momento en el que se dio a conocer el paquete económico 2023 en septiembre pasado el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), entre otros organismos y especialistas, expresaron su preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que la proyección de los ingresos públicos para financiar el gasto propuesto se elaboró bajo supuestos optimistas, sin la necesidad de planear un déficit “excesivo” que implicase un aumento importante de la deuda pública como porcentaje del PIB.

Los especialistas advierten que en la LIF, propuesta y aprobada, se refleja la debilidad de las fuentes de ingresos recurrentes a pesar de la política tributaria instrumentada por el SAT (incluye persecución e intimidación a contribuyentes), que sin duda ha contribuido de manera importante en la recaudación de recursos.

Existen evidencias anecdóticas del uso de algunas tácticas que pudieran interpretarse como intimidatorias, basadas en la relación de sospecha de defraudación fiscal con extinción de dominio y prisión preventiva, tácticas que en algunos casos han surtido efectos positivos para la recaudación, sobre todo la del Impuesto Sobre la Renta.

Sin embargo, los analistas insisten en que la LIF aprobada presenta riesgos de insuficiencia de ingresos públicos recurrentes y de falta de recursos precautorios, mientras que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) favorece fuertemente los objetivos políticos gubernamentales más que las necesidades sociales más evidentes. 

Los riesgos de la LIF podrían materializarse en un mayor déficit público, obligando al gobierno a incurrir en mayor deuda o recortar gastos de menor prioridad en sus preferencias para cubrir el faltante.

En el presupuesto no se presentan cálculos de cierre de la desagregación del gasto programable para 2022, por lo que no se aprecian ajustes a la baja en los rubros de gasto, pero sí se observa un incremento importante de la deuda pública.

El déficit de ingresos respecto al gasto público planeado para 2023 es históricamente alto. Asciende a 1.2 billones de pesos. La deuda pública habrá de aumentar precisamente en ese monto, lo que contrasta con el discurso oficial, que sostiene que no hay endeudamiento o deuda pública nueva.

De acuerdo con la proyección del gobierno que sustenta a la LIF el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en 2023 alcanzará 15.5 billones de pesos lo que significa que en cuatro años de gobierno la deuda total habrá aumentado en 5 billones de pesos o casi 50%.

El endeudamiento público es elevado como se quiera ver. En todo el sexenio pasado la deuda aumentó 4.7 billones, en el antepasado en 2.8 billones y en del de 2000-2006 en 1.1 billones.

En defensa del INE y TEPJF

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), máximo órgano de representación del sector privado que agrupa a las 14 organizaciones cúpula empresariales, exhortó a toda la sociedad a defender tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque han sido, afirmó, determinantes para consolidar la confianza y estabilidad de nuestros comicios.

Gracias a la existencia de dichos organismos autónomos y a la participación de miles de ciudadanos en los procesos electorales, se han definido, con continuidad y alternancia, la renovación de los diversos cargos de elección popular, desde el Presidente de la República y el Congreso, hasta representantes estatales y municipales, comentó el CCE, que preside Francisco Cervantes Díaz.

“Es por ello, que expresamos nuestra convicción de que hoy ya contamos con autoridades electorales plenamente confiables en su transparencia, imparcialidad, certeza y eficacia para la celebración de los comicios”.  Agregó que como sector empresarial, “acompañaremos siempre la construcción de consensos amplios que nos permitan avanzar en la celebración de elecciones limpias y transparentes en un ambiente de certidumbre y de respeto de los resultados electorales”.

Enfatizó en que la defensa de nuestras instituciones es responsabilidad de todos; “por ello, pedimos a nuestros representantes populares que trabajen para preservar la fortaleza y autonomía de nuestra democracia”.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx