Los ataques contra activistas de derechos humanos en Guatemala llegan a su punto más alto en 20 años, con una marea sangrienta de 15 asesinatos y más de mil asaltos solamente en 2020, según el grupo de vigilancia Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua). 

El grupo también informó sobre más de 300 casos de “criminalización”, cargos legales falsos presentados contra activistas por las autoridades gubernamentales. Varios grupos guatemaltecos de derechos humanos consideran que esta represión es un motor clave de la migración, hecho que Estados Unidos aún no ha denunciado con suficiente firmeza.

La mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, países del triángulo norte de Centroamérica, con predominio de guatemaltecos. Dichos migrantes están huyendo de la pobreza, el hambre y la violencia potenciada por la corrupción generalizada.

Ahora, grupos de activistas de derechos humanos dicen que muchas de las personas y organizaciones que intentan mejorar estas condiciones se encuentran bajo grave amenaza.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala D. Harris, visitó Guatemala a principios de junio, a la cabeza de los esfuerzos para abordar las principales causas de la migración proveniente de Centroamérica. Estados Unidos anunció que creará un nuevo equipo de trabajo anticorrupción para capacitar a investigadores guatemaltecos, y continuará con la elaboración de un paquete de ayuda regional planificado de 4 mil millones de dólares.

Harris dijo que tuvo pláticas “muy francas” con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien ha sido acusado de instigar la corrupción. En una carta abierta a Harris, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala dijo que Giammattei ha presidido un “clima de persecución contra los disidentes ─ defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y políticos periodistas y comunicadores sociales, además de jueces y fiscales independientes”, lo cual ha agravado la corrupción.

“Guatemala sufre una regresión acelerada en el campo de los derechos humanos”, decía la carta, y si esto no se aborda, “es imposible esperar progresos reales en la lucha contra la corrupción y remover las raíces de la migración irregular”.

Estados Unidos debe centrarse en derechos humanos

Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos del país firmante de la carta a Kamala Harris, dijo que la visita fue “muy importante, pero aún más importante es lo que sucederá después”. Dijo que existe una relación directa entre migración y represión. Para mitigar la migración “[Los funcionarios de Estados Unidos] deben poner más énfasis en los derechos humanos”.

Rodas dijo que, durante su período de cinco años como procurador, ha recibido numerosas amenazas de muerte.

“Me he acostumbrado a vivir con eso…no puedes dejar que te paralice”.

También dijo que ha sido acosado por el Ministerio Público, citado 16 veces a la corte por una serie de cargos falsos. Debido a los recortes presupuestales aprobados por el Congreso de Guatemala, su equipo de trabajo ha sido recortado de 11 asesores a cuatro en los últimos dos años.

Udefegua hizo eco de la advertencia de Rodas en su carta abierta a Harris: “Si las personas que promueven la igualdad, la democracia y la paz son castigadas por su labor — con violencia, hostigamiento, encarcelamiento y hasta asesinato — , la migración irregular no va a detenerse”.

Claudia Samayoa, presidenta de Udefegua, formó parte de un grupo de líderes de la sociedad civil que se reunió con Harris en junio. Samayoa dijo a Zenger que la visita fue “muy positiva” y que, aunque no se ha materializado, espera “un discurso [de Estados Unidos] centrado en los derechos humanos para combatir este retroceso”.

Jorge Santos, director ejecutivo de Udefegua, dijo que sin un nuevo enfoque en los derechos humanos, “sin duda la migración no se detendrá…; tratar de construir soluciones como están las cosas ahora es como construir sobre arena”.

Samaoya y Santos enfrentan amenazas de muerte constantemente. En 2018, un asaltante encapuchado golpeó a Santos en la cabeza con un bate de madera antes de huir.

“Tenemos que dejar claro que estamos enfrentando un proceso muy agresivo de captura del Estado por parte de organizaciones criminales”.

Redes de corrupción

Otros líderes de la sociedad civil hicieron eco de esta opinión. Nery Rodenas, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), organización afiliada a la Iglesia Católica, dijo a Zenger que este proceso de “captura del Estado” por redes de corrupción ha llegado a los más altos tribunales del país.

“La corte constitucional ha sido completamente cooptada”, dijo.

En abril, el Congreso rechazó la candidatura de Gloria Porras, una jurista con grandes credenciales anticorrupción que contaba con el apoyo público de Estados Unidos, y aprobó a jueces de los que se cree que podrían tener vínculos Gustavo Alejos Cámbara, un financiador político incluido recientemente en la lista negra del Departamento de Tesorería de Estados Unidos, presuntamente por controlar mediante sobornos las nominaciones a los tribunales superiores.

La Corte Constitucional ha dictado una serie de decretos recientes que desmantelaron casos de lucha contra la corrupción y ratificaron una nueva ley que permite al gobierno investigar y disolver cualquier ONG que considere una amenaza para el orden público.

Samoaya dijo que de la ley ONG: “No pasará mucho tiempo para ver que este es el primer paso en el camino hacia Nicaragua”, donde el presidente, Daniel Ortega, ha criminalizado o encarcelado a prácticamente todos los disidentes políticos importantes.

Rodenas, del despacho del Arzobispado, coincidió: “La situación es muy seria porque se están cerrando espacios democráticos… No estamos viviendo en una democracia”. Al igual que Rodas, Rodenas dijo que ha sido víctima de amenazas de muerte, así como de hostigamiento por parte del Ministerio Público.

El problema de los pueblos indígenas

Pero, dijo Rodenas, otros se han enfrentado cosas más graves, especialmente en las zonas rurales, donde predomina la población indígena de Guatemala y donde la violencia y la criminalización contra los defensores de derechos es especialmente intensa.

En muchas áreas rurales, el fracaso del Estado para garantizar los derechos y los servicios básicos impulsa la migración, según Wendy Geraldina López, directora del Bufete para Pueblos Indígenas.

“No hay educación, no hay atención médica, no tienes servicios básicos, ¿qué haces para tratar de buscar una vida mejor? Intentas ir a Estados Unidos”.

Esto no cambiará, dijo, mientras las personas que intentan defender los derechos básicos sean criminalizadas o atacadas. Dijo que en una sola comunidad pequeña, representa a ocho campesinos mayas que tenían serios cargos legales en su contra, debido a que solicitaron mejores condiciones de trabajo en una plantación de palma africana.

López calificó la visita de Harris como “muy buena, muy productiva”, y dijo que aprecia el compromiso de Estados Unidos para luchar contra la corrupción. “Pero no se habló de defensores de los derechos humanos… Si quieres hablar sobre [detener] la migración, tienes que hablar de eso”.

Ella también está decepcionada de que Estados Unidos no parezca presionar a Guatemala respecto a los presos políticos criminalizados por su activismo. López dijo que trabaja en decenas de casos como el del profesor de una escuela maya, Bernardo Caal, un “preso de consciencia” de Amnistía Internacional, que fue encarcelado después de organizar votaciones en comunidades mayas que rechazaron los proyectos de construcción de presas.

En marzo, asaltantes saquearon las oficinas centrales del Bufete para Pueblos Indígenas, donde trabaja Wendy López. Ella dijo que se llevaron computadoras, unidades USB, computadoras portátiles y cámaras de seguridad, mientras que otros dispositivos electrónicos valiosos que no almacenaban información permanecieron intactos. Ella dijo que su oficina legal fue atacada debido a su trabajo.

“Ellos obviamente estaban buscando información e intentando intimidarnos”, dijo López.

El Ministerio Público está investigando el incidente como un robo normal. López duda que se encuentre a los culpables.

“Yo estoy consciente de los riesgos de este trabajo, los acepto. Y también sé que estamos en peligro”, dijo.

El Ministerio Público y la Oficina de la Presidencia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

(Editado por Yerem Mújica y Melanie Slone)