Miscelánea, salud y política

Los golpes del poder político a la libertad de expresión son ejemplificantes de conductas que a los nuevos jerarcas proclives al autoritarismo disgustan. No es nuevo que al gobernante le molesten las críticas de quienes exponen el lado oscuro del abuso del poder, y si hay algo que los enfurezca es que tales argumentos se difundan profusamente en las “malditas redes”. Eso afecta la imagen deseable para mantener encandilados a sus electores.

En los últimos meses varios casos deben llamar nuestra atención porque todos ellos hacen sonar las alarmas de que se trata de acciones orquestadas desde el poder para desalentar las críticas de especialistas, periodistas, ciudadanos comunes y de donde vengan.

Aunque estas críticas sean justificadas ante actos de abuso de poder o tráfico de influencias, que no sólo ameritan el repudio social, sino sanciones previstas por nuestras leyes, lamentablemente escasamente aplicadas.

El caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, es escandaloso porque el castigo al acusado de ejercer violencia de género en contra de la mandataria estatal ha llevado al ensañamiento de la poderosa “víctima”.

La jefa del ejecutivo estatal consiguió que juezas campechanas impongan al periodista un castigo ejemplificante por referirse a ella con adjetivos peyorativos. En el fondo, las sanciones desproporcionadas podrían considerarse abuso de poder.

Es obvio que se trata de inhibir conductas con castigos desmesurados, como el aplicado al periodista Jorge González, a quien le impusieron en primera instancia una sanción por ejercer violencia política de género contra Sansores, que lo imposibilitaba a publicar escritos por dos años, y el pago de una multa por dos millones de pesos, entre otras.

 Luego de inconformarse, se le conmutó la pena de no publicar durante dos años, por imponerle un censor del Tribunal Superior de Justicia local –pagado por el erario–, quien supervisa y autoriza sus dichos y escritos para “no lastimar la dignidad de la víctima”, o sea, la gobernadora.

Pasó de mal a peor, para el periodista Jorge González, de 71 años, la resolución de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May es excesiva, aberrante y violatoria de sus garantías individuales, confirmándose así que “la censura y ataque directo contra la libertad de expresión no tiene precedente en los últimos 40 años que lleva de ejercicio profesional”.

Las acciones de Layda desde el poder, sus desmesurados gastos en cuidados y artículos de belleza con cargo al erario, entre otros temas, dan motivos suficientes de críticas. Pero las alusiones ofensivas a su físico y extravagancias son los motivos esgrimidos en contra del periodista Jorge González, que le han justificado victimizarse y hasta obtener el espaldarazo de la presidente Sheinbaum.

Aunque, si alguien sabe del tema en cuestión, es ella, pues en mayo de 2023, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que la gobernadora fuera inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. ¿El motivo? Haber ofendido a diputadas del PRI con insinuaciones sexualizantes. No hay constancia si Layda Sansores cumplió con disculparse con las ofendidas.

Layda Sansores es un personaje polémico, hija de un expresidente del PRI y exgobernador de Campeche, cuatro veces figuró como candidata a gobernadora, la última vez logró el triunfo con un resultado muy cerrado. Se le ha criticado su proclividad pública a ensalzar al poderoso y tratar con desdén a sus subalternos; ha sido implacable en contra de sus enemigos, como, Alito Moreno, presidente del PRI, excorreligionario, exgobernador y su paisano.

En 2022 subió a ese ring a Ricardo Monreal, coordinador senatorial de Morena, acusándolo de acuerdos ocultos con su archi enemigo Alito para que llegara a la gubernatura de Zacatecas David Monreal, la conversación entre Monreal y Alito, fue grabada subrepticiamente y difundida en su programa “los Martes del Jaguar”, la semana pasada, la SCJN concedió un amparo al senador Monreal para que la gobernadora no retransmita dichos audios en su programa. Esta historia continúa…

Otro caso para Ripley es el considerado un acto de censura excesivo contra Karla Estrella, un ama de casa residente en Hermosillo, Sonora, quien un mes atrás fue acusada de ejercer violencia política de género al publicar en la red social “X”: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

La “ofendida” Diana Karina Barreras, hoy diputada, demandó a la ciudadana, se escudó bajo el supuesto de “dato protegido” y logró que las autoridades electorales del TEPJF le aplicaran una dura sanción a Karla Estrella: pagar una multa –que cubrirá su esposo, pues ella no tiene ingresos según corroboraron ante el SAT— y corre actualmente el periodo de 30 días de publicación diaria de una disculpa pública.

¿Quién está abusando del poder político para sancionar la libertad de expresión de una ciudadana? ¿Quién exhibió su nepotismo? ¿Quiénes apelan a la censura?

Trascendió que inicialmente el consejero del TEPJ Felipe Fuentes había resuelto que el tuit era una “crítica severa”, pero no una descalificación directa a Barreras. Sin embargo, al revisarlo en la Sala Superior, junto con la presidenta Mónica Soto, otra personera del Poder Ejecutivo, decidieron sancionar a Karla. ¿A ver si así los ciudadanos comunes dejan de criticar? ¿Quién violentó las garantías constitucionales?

Los contrasentidos de las palabras usados por los poderosos para aplastar a la ciudadanía me recuerda el curso extraordinario que dio el expresidente López Obrador a la institución presidencial para crear una realidad alterna, por ejemplo cuando se refería al “derecho de réplica presidencial”, en cadena nacional, hacía uso del Salón de Tesorería de Palacio Nacional como patíbulo del sacrificio público de sus críticos, usando como verdugos al SAT, la UIF, el Fiscal, los jefes militares o cualquier otra “herramienta” institucional de personeros a su servicio.

Por cierto, el castigo sistemático ha hecho mella y cada vez son menos voces críticas en los medios masivos de comunicación. Otros aguerridos periodistas persisten frente a presiones para acallarlos, como es el caso de Héctor de Mauleón, a quienes debemos solidaridad por su valor al denunciar alianzas de morenistas con el huachicol, entre otros temas inconvenientes al gobierno de la Cuarta Transformación.

Hay indicios de que empieza a funcionar la teoría del reflejo condicionado de Pavlov ¿la recuerda? El experimento trata de un grupo de perros que antes de comer escuchan el tañido de una campana avisándoles que hay viene la comida, luego con solo escuchar la campana salivan.

Cada vez más empresarios mediáticos han sucumbido al reflejo condicionado, pues evitan las voces críticas en sus espacios, temen las represalias de un gobierno que premia con publicidad y otras canonjías la subordinación. Pero al que se sale del carril, se ve expuesto a las consecuencias de una confrontación mañanera, persecución fiscal, policial o sufrir de inanición.

Creo que la ciudadanía ha demostrado en redes sociales que, pese a los barruntos, aún no declina en la defensa de sus libertades de pensamiento y expresión. Así lo demuestra que se haya hecho viral “dato protegido” con que se escudó quien incitó al castigo de una ciudadana por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Aspiremos a mantenernos libres, a defender nuestro derecho a ejercer la libertad de expresión, como decía el escritor cubano José Martí: “La libertad es el derecho de todo hombre a ser honesto, a pensar y a hablar sin hipocresía”.