El empresariado mexicano pidió este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador culminar la reforma impulsada en 2020 al sistema de pensiones antes de presentar una nueva propuesta.

El pasado domingo, el presidente de México se comprometió a enviar una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1997 y que rige a los trabajadores formales.

“Voy a enviar una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores”, anunció en un evento público para conmemorar el 117 aniversario de los mártires de la Huelga de Río Blanco, en el estado de Veracruz.

Sin embargo, en un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que aglutina a unas 36.000 empresas responsables del 30 % del producto interno bruto (PIB) mexicano, consideró que la gran reforma en materia de pensiones “ya está en marcha y debe de consolidarse antes de considerar nuevos cambios”.

En 2020, se impulsó en el Congreso mexicano la aprobación de cambios al sistema de pensiones mexicano para que se redujera el requisito para recibir una pensión y que la aportación del sector privado pasara del 5,15 % al 13,87 % en 2030, siendo de 2,7 veces su aportación durante ocho años a partir de 2021.

La Coparmex recordó que el propio López Obrador reconoció en su conferencia de prensa del 22 de julio de 20202 la contribución del sector empresarial.

“Y desde luego, la contribución más importante es la que están haciendo los empresarios, porque incrementan significativamente su aportación para el retiro de los trabajadores. Realmente es algo significativo, por eso el reconocimiento”, apuntó en aquella ocasión López Obrador.

El organismo empresarial enfatizó que “cualquier nueva propuesta en la materia debe estar acompañada de estudios actuariales serios, administrativos, contables, financieros para determinar la viabilidad y los beneficios correspondientes”.

También señaló que el sector patronal en México estará pendiente de las modificaciones que sean propuestas en el congreso, sobre todo, apuntó, “para entender cuáles serían sus alcances reales, cómo se va a financiar, así como los riesgos y ventajas de su eventual implementación”.

“Esto debe formar parte de un análisis integral, para evitar que cambios sin un consenso como el logrado en la actual reforma, terminen echando por la borda lo que hemos avanzado en esta materia”, concluyó.