Puntales Agustín Vargas

• Inseguridad y presiones regulaciones
• Peligra viabilidad de empresas
• Desaparecidos inquietan a bancos
• UIF capacitará a empresas familiares

Ante la visita a México del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el avance de las conversaciones bilaterales previas a la revisión del T-MEC, empresarios mexicanos y extranjeros asentados en nuestro país solicitan que este proceso se conduzca con visión regional, responsabilidad política y certidumbre para la inversión, el empleo y la actividad económica.

Se sabe que ambos gobiernos ya encaminaron una fase de diálogo que podría derivar en negociaciones formales en las próximas semanas.

La revisión del acuerdo debe leerse con una visión amplia de país. No se trata únicamente de una discusión industrial o arancelaria, sino de una decisión con efectos directos sobre comercio, servicios, logística, proveeduría, turismo y cadenas de valor que sostienen la economía cotidiana en miles de empresas mexicanas.

En este diálogo, sin duda, se ha tratado también el tema que a todos los mexicanos, buena parte de la comunidad extranjera radicada aquí y empresas que operan en México les resulta preocupante: La incesante inseguridad.

La combinación de inseguridad persistente y presiones regulatorias internacionales eleva de manera significativa —y cada vez más compleja— los riesgos operativos a los que se enfrenta el sector privado en México, al generar un entorno de creciente incertidumbre que impacta directamente la viabilidad, continuidad y competitividad de las empresas.

El deterioro del entorno de seguridad en diversas regiones del país, así como por el efecto acumulado que esta situación tiene sobre la operación cotidiana de las empresas y la integridad de las cadenas de suministro, provocó que la International Chamber of Commerce México (ICC México), organismo que aglutina a cientos de empresas norteamericanas, a lanzar una alerta justo en el marco de la visita a México del representante comercial del gobierno estadunidense

La ICC expresó su preocupación debido a que eventos recientes han evidenciado con claridad la fragilidad del entorno operativo en amplias zonas del territorio nacional, al afectar de manera directa la movilidad, el transporte de mercancías, la continuidad de operaciones, así como la seguridad del personal y de las instalaciones empresariales, lo cual, advierte, no sólo incrementa los riesgos físicos, sino que también introduce nuevas complejidades en materia de cumplimiento corporativo y gestión de riesgos.

La realidad actual muestra un aumento sostenido en la exposición de las empresas a distintas formas de presión ilícita, incluyendo aquellas que se manifiestan de manera indirecta a través de intermediarios, contratistas o proveedores dentro de la cadena de valor, además de disrupciones logísticas derivadas de incidentes de violencia focalizada, bloqueos y robos, particularmente en el transporte de carga, que afectan la eficiencia y confiabilidad de las operaciones.

De manera paralela, las empresas enfrentan un entorno regulatorio más exigente, en el que los estándares internacionales de cumplimiento demandan una mayor profundidad en los procesos de debida diligencia a lo largo de toda la cadena de suministro. Esta combinación de factores eleva los costos operativos, incrementa la complejidad de la gestión empresarial y afecta la competitividad de diversos sectores productivos.

Frente a este panorama, es urgente e impostergable para el gobierno mexicano el diseño de esquemas transparentes y estandarizados de colaboración con las fuerzas de seguridad pública para la protección de operaciones estratégicas, infraestructura crítica y personal en territorio, pero sobre todo, de la población en general, en lugar de andar participando en foros internacionales plagados de retórica pregonando la paz cuando en México padecemos nuestra propia guerra en contra de la inseguridad pública.

Desaparecidos inquietan a bancos

Gran inquietud ha causado en el sector financiero, incluyendo a los bancos, la determinación de las autoridades de que será obligatorio que las empresas se registren en la Plataforma Única de Identidad del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a efecto de que permitan el acceso a sus bases de clientes y se pueda cotejar entre ellos la posible presencia y operatividad de mujeres y hombres que han sido reportados como desaparecidos.

Se supone que la autoridad fijará una fecha límite para que las entidades financieras se inscriban, con la advertencia de que, en caso de no cumplir con el pedimento, se les aplicarán importantes sanciones económicas, tanto por omitir la suscripción como el no proveer la información cuando sea requerida por las autoridades.

Se sabe que las principales asociaciones intermediarios y bancos han solicitado de antemano la prórroga de un año para su aplicación, a efecto de que tengan el tiempo suficiente para preparar sus sistemas y crear las herramientas tecnológicas que permitan cumplir tal propósito, sin exponer la vulnerabilidad de sus sistemas y la información confidencial de los usuarios de los servicios financieros.

El Registro Nacional de Población (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación, es el organismo responsable de implementar la Plataforma, pero hasta ahora no se ha emitido la normativa correspondiente, por lo que los intermediarios están en ascuas y sumamente preocupados porque se vean sorprendidos de un momento a otro.

UIF capacitará a empresas familiares

A propósito del sistema financieros, ayer la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Omar Reyes Colmenares, y el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, sostuvieron una reunión para impulsar el cumplimiento y prevenir el uso indebido del sistema financiero, en particular en empresas familiares.

Durante la reunión se abordó la importancia de impulsar mecanismos de orientación, capacitación y acompañamiento institucional que permitan a las empresas, en particular a las de carácter familiar, cumplir adecuadamente con sus obligaciones y mitigar riesgos asociados a sus operaciones.

Asimismo, se destacó que la claridad regulatoria y el fortalecimiento de la cultura preventiva contribuyen a generar mayor certeza jurídica, así como a proteger la integridad del sistema financiero frente a posibles usos indebidos.

La UIF subrayó la relevancia de mantener un diálogo permanente con el sector productivo, a fin de fortalecer los procesos de identificación de riesgos y consolidar entornos de legalidad que favorezcan el desarrollo económico.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx