TEGUCIGALPA, Honduras — El 28 de noviembre, los hondureños emitirán su voto para elegir al próximo presidente del país centroamericano. Las elecciones vienen en medio de una ola de violencia y condiciones socioeconómicas que se sitúan, junto con Haití, entre las peores del hemisferio occidental.

Para muchos, Honduras merece el estatus de estado fallido, y aun así hay quienes dicen que las próximas elecciones ofrecen la mejor — y posiblemente la última — oportunidad para cambiar las cosas.

“Estas elecciones presentan una oportunidad para recuperar el proceso democrático y enfrentar las múltiples crisis que afectan al país”, dice Gustavo Irias, director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), una organización sin fines de lucro que aboga en nombre de las comunidades marginadas de Honduras. “Esta es una oportunidad para que Honduras recupere su sentido como nación”.

Ese sentido de nación se rompió en 2009, cuando las fuerzas armadas hondureñas expulsaron al antiguo presidente, Manuel Zelaya, en un golpe de Estado. Desde entonces, Honduras ha permanecido bajo el control del Partido Nacional, actualmente dirigido por el presidente Juan Orlando Hernández, quien termina su segundo cuatrienio bajo una nube de sospechas sobre posibles vínculos con narcotraficantes.

Los candidatos que buscan sustituirlo incluyen al alcalde actual de Tegucigalpa y el favorito del Partido Nacional, Nasry Asfura, o “Papi” como se le conoce, y la esposa del derrocado presidente Zelaya, Xiomara Castro del Partido Libre, quien prometió contener los excesos de las políticas del mercado libre adoptadas por su oponente, mientras estrecha lazos con China.

En su cuenta de Twitter, el presidente nota lo que él considera mejorías bajo su mando.

Cuando inicié mi Gobierno, NO existía la justicia social y NO se atendía a los que más necesitan, así que diseñamos algo integral y sostenible Vida Mejor.

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— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) November 8, 2021

Mientras tanto, la violencia, la corrupción y la pobreza siguen siendo la norma de la vida hondureña. Según el Banco Mundial, desde 2019, el 15 por ciento de los hondureños vive con menos de 2 dólares por día, condiciones que seguramente empeoraron a causa de la pandemia de COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta y Iota en 2020, cuando más de la mitad del país cayó por debajo del umbral de la pobreza.

Tales condiciones alimentan el éxodo de migrantes del país. Este año se han registrado 168 mil 546 informes de hondureños detenidos por funcionarios de inmigración en Estados Unidos y México, según un informe de junio del Instituto de Política de la Migración, con sede en la Unión Americana. El informe dice que uno de cada cinco hondureños expresa el deseo de irse del país, con razones que van desde la inestabilidad alimentaria hasta el temor al asalto y el desempleo.

Para algunos en la capital hondureña, las próximas elecciones ofrecen poca esperanza para una mejora.

“Nada va a cambiar”, dice Victor Manuel Mayorga, un empleado público que dice que no ha podido jubilarse porque el gobierno ha robado los fondos de pensión del Estado. A los 79 años, Mayorga es parte de una minoría diminuta de personas mayores en un país en el que la edad media es de tan solo 24 años. Muchos jóvenes han muerto a manos de la violencia de las últimas cuatro décadas.

Sentado en la plaza central de la ciudad mientras habla con sus amigos sobre el fútbol, Mayorga se queja de la falta de educación y atención médica, y culpa a los funcionarios de todos los colores políticos de haber abandonado al país. “Creo en la democracia, pero en Honduras está rota. Ha estado rota desde el golpe”.

No todo el mundo está tan desesperado.

Cesar Nahun Aquino, de 44 años, es mecánico de autos en el pueblo de Yoritos, a unos 200 km al norte de Tegucigalpa. El pueblo fue noticia hace dos años cuando los vecinos se unieron con éxito para expulsar a una compañía de explotación minera que había intentado establecer operaciones en la región.

Miembro de la comunidad indígena de Tolupán, llevaba una compañía de transporte en San Pedro Sula antes de la pandemia de COVID-19, la cual, dice, destripó su negocio. Ahora está de vuelta en su pueblo natal, una región predominantemente agrícola conocida por el café, el aguacate y la ganadería.

“Estamos pidiendo lo básico, la eliminación de las elecciones corruptas, la transparencia, la reactivación de la economía local para que beneficie a las personas de la comunidad”, dice Aquino, partidario del candidato a alcalde local, Freddy Murio, un antiguo migrante sin papeles que trabajó durante 12 años en la industria de la construcción en Nueva York, antes de volver a su pueblo natal hace dos años. “Tenemos que comenzar con nuestro municipio, antes de que podamos comenzar a hacer cambios en el país”.

En la capital, los funcionarios reconocen que ninguna elección resolverá los desafíos que Honduras enfrenta. Pero insisten en que proteger la integridad del voto y asegurar el proceso democrático en noviembre son clave para la reparación del daño continuo causado por el golpe de 2009.

“La única oportunidad para que el país construya una base democrática es a través de las próximas elecciones”, dice Rixi Moncada, abogada y parte de la presidencia rotativa de tres personas en el recién creado Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE, que es responsable de entregar el recuento final de votos una vez que cierren las casillas, fue creado después de las extendidas irregularidades y violencia que marcaron las elecciones de 2017. Junto con el Registro Nacional de las Personas y la Unidad de Política Limpia — encargados de controlar las finanzas de campaña en un país en el que el dinero de la droga y la política están inextricablemente entrelazados — el CNE es responsable de asegurar la integridad electoral.

Moncada, antigua diputada del gobierno de Zelaya, admite que no es tarea fácil.

“Nadie está preparado para la criminalidad”, dice, al referirse a la violencia política continua que ve como una extensión del golpe de 2009, incluyendo el asesinato reciente del candidato a alcalde y miembro del Partido Libre de la oposición Nery Reyes, en octubre. Aún no se ha detenido a nadie en conexión con este hecho.

“Estamos preparados para el proceso”, dijo.

La nota Las elecciones en Honduras, una prueba para la democracia en un estado fallido se publica en asociación con Ethnic Media Services. 

Editado por Melanie Slone y Gabriela Alejandra Olmos