De Política Alejandro Álvarez Manilla

Por primera vez en su historia, México se prepara para elegir mediante voto popular a las y los integrantes del Poder Judicial, una medida sin precedentes que ha generado un intenso debate nacional. Mientras el oficialismo lo celebra como un paso hacia una justicia más democrática, críticos alertan sobre los riesgos de politizar un poder que debe mantenerse autónomo y técnico.

Para entender la magnitud de este cambio, vale la pena comparar el impacto potencial con otras elecciones federales en México. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2018, más de 89 millones de mexicanos estaban registrados para votar, y la participación fue del 63.4%, una de las más altas desde 1994. En contraste, la legitimidad histórica del Poder Judicial se ha basado en la designación por méritos y filtros técnicos, no por popularidad.

Llevar esa lógica al voto podría cambiar completamente el perfil de quienes aspiren a la Suprema Corte o a tribunales constitucionales. En países donde ya se han realizado elecciones judiciales, como algunos estados de EE. UU., la evidencia muestra que la campaña política judicial tiende a favorecer a perfiles con respaldo económico o partidista, en lugar de a los más competentes. Según un estudio de Brennan Center for Justice, en 2016, más del 90% de los jueces electos en elecciones estatales de EE. UU. recibieron apoyo financiero de grupos de interés.

El problema no es la democracia, sino la forma en que se intenta aplicarla. ¿Elegirías a tu médico con base en un spot de 30 segundos o por su trayectoria y preparación técnica? Lo mismo ocurre con los jueces: su labor no es satisfacer al electorado, sino interpretar la ley de forma justa, aunque eso signifique decisiones impopulares.

Si se replicara el modelo electoral presidencial en el ámbito judicial, podríamos estar entregando el sistema de justicia a la lógica del aplauso y la propaganda. A diferencia del Ejecutivo o el Legislativo, que gobiernan según la voluntad popular, el Judicial debe resistirla cuando entra en conflicto con los derechos humanos o el marco constitucional.

México necesita una justicia más accesible, más transparente y más eficiente, sin duda. Pero la elección por voto popular de jueces y magistrados no garantiza ninguno de esos objetivos. En lugar de abrir un nuevo frente electoral, el país debería invertir en fortalecer los mecanismos de selección por méritos, aumentar la fiscalización ciudadana y garantizar la independencia judicial.

La democracia no es solo votar; es también saber en qué momentos el voto directo no es el mejor camino. Elegir jueces por urnas puede parecer un triunfo popular, pero también podría convertirse en el primer paso hacia una justicia menos imparcial y más vulnerable al poder de turno.