De Política Alejandro Álvarez Manilla

El descarrilamiento del Tren Transístmico en Oaxaca no es solo una tragedia con nombres, familias y vidas rotas; es también un llamado urgente a revisar cómo México está construyendo su idea de desarrollo. Trece personas muertas y decenas de heridas no pueden quedar reducidas a un parte informativo ni a una estadística administrativa.

El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue presentado como una de las grandes apuestas estratégicas del país: integración regional, competitividad logística y una alternativa al Canal de Panamá. Sin embargo, este accidente —el segundo en menos de un mes— exhibe una verdad incómoda: la infraestructura no se mide por discursos inaugurales, sino por su operación segura y confiable.

La respuesta inmediata de la Secretaría de Marina y el despliegue de rescate muestran capacidad institucional frente a la emergencia. Pero ninguna reacción, por eficiente que sea, sustituye la prevención. Cuando un tren de pasajeros descarrila, la pregunta central no es solo qué pasó, sino por qué fue posible que pasara.

Las versiones de pasajeros que hablan de velocidad excesiva, sumadas a fallas recurrentes en el sistema, obligan a revisar protocolos técnicos, mantenimiento de vías, capacitación del personal y, sobre todo, la prisa política por mostrar resultados. El desarrollo no puede convertirse en una carrera donde la seguridad es un trámite secundario.

Este tren fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como símbolo de un nuevo modelo económico para el sur-sureste. Hoy, ese símbolo queda manchado por la percepción de improvisación y por la duda razonable sobre si la obra estaba realmente lista para transportar personas.

Más grave aún es lo que ocurre después del accidente: familiares que denuncian falta de información y deficiencias hospitalarias, víctimas que se sienten abandonadas y autoridades que, como suele ocurrir, prometen investigaciones mientras el tiempo diluye responsabilidades. En México, demasiadas tragedias terminan convertidas en expedientes sin conclusiones claras.

El reto del Estado no es solo castigar culpables, sino recuperar la confianza pública. Eso implica transparencia total, peritajes independientes y decisiones firmes, incluso si resultan incómodas para quienes impulsaron el proyecto. No hacerlo sería normalizar que el progreso tenga un “costo humano” aceptable.

El Tren Transístmico puede —y debe— ser un motor de desarrollo. Pero antes tiene que ser un transporte seguro. Porque cuando un proyecto que promete conectar océanos no logra proteger a sus pasajeros, el problema no es técnico: es ético y político.

Hoy, más que celebrar megaproyectos, México necesita preguntarse si está construyendo futuro o simplemente acelerando sobre rieles frágiles.