Miscelánea, salud y política. Judith Álamo López

Concluye el ciclo escolar 2023-2024 una semana antes de lo previsto y arrancan las vacaciones de verano para 24 millones de estudiantes del nivel educativo básico, pero no para un millón 223 mil 387 maestras y maestros quienes deberán cursar un taller intensivo (17, 18 y 19 de julio) para continuar su capacitación en evaluación formativa  e interculturalidad crítica, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), informa la SEP.

Esta capacitación “intensiva” me recuerda cómo se elaboraron los libros de texto gratuitos, sin paga para los artistas gráficos, con la colaboración de maestros activos y jubilados, a quienes se les invitó a plasmar contenidos hechos al vapor, bajo la coordinación del inefable Max Arriaga, quien animaba a los “creadores” con consignas del Ché Guevara y exaltaba a los maestros a aprovechar la oportunidad de condenar al sistema capitalista. https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-04-08

El “intelectual” surgido de la cercanía a Beatriz Gutiérrez de López, pasará a la historia por sus conceptos, como ese de que “leer por goce es un acto de consumo capitalista”, según él esta actividad debería ser una acción responsable para emancipar al pueblo. La andanada en contra no se hizo esperar, en un  tuit Juan Villoro sentenció: “Leer por placer y ser feliz en un mundo donde existe Marx Arriaga son actos de disidencia que vale la pena practicar”.

Ya pasó el primer año de la NEM, y es oportuno que la SEP presente un informe y cuantifique el impacto en educandos de los 36 nuevos libros de texto introducidos en el ciclo escolar que concluye, y que generaron un amplio debate entre especialistas.

La principal confrontación fue entre quienes defienden una educación para la libertad, profesional y de calidad frente a la burocracia educativa de la 4T que propuso un nuevo modelo que parte de condenar el neoliberalismo y busca adoctrinar sobre la trascendencia de AMLO y su Cuarta Transformación, entre otros conceptos ideologizantes. A Marx Arriaga los reformadores del peñanietismo lo hacen responsable de haber entregado la educación a manos de los líderes del sindicalismo charro.

Aunque la NEM se define como la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación, de los 0 a los 23 años de edad, de las y los mexicanos, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo, los hechos prueban que ni en los foros de consulta hubo inclusión de voces críticas a la 4T, ni de expertos en la educación como valor humano y derecho universal, tampoco se cumple con mostrar una visión pluricultural.

La educación mexicana en el obradorismo pasó de mal a peor. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó que entre 2018-2020 el rezago educativo pasó de 22.3 a 25.1 millones. Otro indicador anual, el Programa Para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) reveló que los resultados en los alumnos mexicanos en Matemáticas, Ciencias y Lectura entre 2019-2022 descendieron gradualmente.

A bote pronto, en lugar de ordenar una recomposición de la estrategia, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que México no participara en la evaluación internacional PISA, pues “carecen de validez, ya que todos esos parámetros se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal”, dijo con desparpajo.

En mayo del presente año reculó. Que siempre sí se aplicará PISA en 2025:  “sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones, estamos abiertos hasta a los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo dieron a conocer ahora que hay elecciones”. Se refiere el mandatario al estudio que presentaron especialistas internacionales por encargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio realizado por el grupo de expertos encabezado por Julio Sepúlveda, director del Instituto de Ciencias de la Salud Global, de la Universidad de California, San Francisco, reveló que 190,000 muertes en México se pudieron haber evitado durante la pandemia de Covid 19, “por lo que es necesario instituir algún nivel de responsabilidad política por un liderazgo y desempeño deficientes”, recomendó.

El estudio abunda: “No es una coincidencia que los países con el peor desempeño en su respuesta a la pandemia de COVID-19 tengan líderes populistas. Tienen rasgos en común, como minimizar la gravedad de la afección, desalentar el uso de mascarillas, priorizar la economía sobre salvar vidas y negarse a unir fuerzas con oponentes políticos para desplegar una respuesta coherente”, concluyó Sepúlveda. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/13/

Pero ni estas graves y fundadas acusaciones ni las propias mediciones de CONEVAL que refieren aumento de la pobreza extrema (pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas), ni la falta de acceso a la seguridad social y a los servicios de salud (subió de 18.8 a 50.4 millones) detuvieron el triunfo virtual de morenistas y aliados, producto de un complejo entramado operado desde el poder del Estado.

Y en el recuento de los daños, hoy hubo un triunfo de la razón: el presidente Andrés Manuel López Obrador quedará en los anales de la historia por haber recibido tres sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: por involucrarse de manera ilícita en la elección que culminó el 2 de junio de 2024, generar inequidad, usar indebidamente recursos públicos y difundir propaganda gubernamental buscando exaltar a su gobierno, influyendo así en el electorado y realizó promesas a futuro en plenas campañas.

Además de que existen evidencias contundentes de esos ilícitos, también se acreditaron faltas electorales de la canciller Alicia Bárcena; del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; del vocero presidencial Jesús Ramírez; Sigfrido Barjau, titular de Cepropie; Martha Jessica Ramírez, directora general de Comunicación Digital del Presidente de la República y a Pedro Daniel Ramírez, jefe de departamento de Comunicación Social.

El presidente y sus colaboradores deben ser inscritos en el Catálogo de Servidores Públicos Sancionados por Ilícitos Electorales, ya que no existe otro castigo a las faltas graves en que incurrieron el jefe del Ejecutivo y su equipo. Estas sanciones forman parte de las más de 400 denuncias que la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez presentó al TEPJF para determinar la validez de la elección presidencial.

¿Será un buen indicio que los magistrados del TEPJF hayan cumplido con su deber al declarar las sanciones? Ellos, conforme el artículo 99 de la Constitución, fracción II, a través de su Sala Superior deberán declarar la validez o nulidad de la elección y la del presidente electo, luego de resolver las impugnaciones. Conforme a la Ley Orgánica que los rige sesionarán los cinco magistrados en funciones y uno nombrado para cumplir con este trámite.

La mayoría, hasta los más críticos y renuentes a aceptar los resultados por la inequidad en la contienda, el uso ilegítimo de programas sociales, etcétera, dan por inevitable el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta del país, pero no pasa lo mismo con el reparto de las diputaciones plurinominales a cargo del INE, pendientes de resolución también.

Mientras el gobierno a través de la Secretaria de Gobernación explica cómo se pretende hacer de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, los representantes de oposición y organizaciones ciudadanas le exigen al INE asuma su autoridad y abra una discusión pública de cómo se va a aplicar la fórmula de representación en la cámara representativa del pueblo.

Alfredo Figueroa, analista de Aristégui Noticias y exconsejero electoral, precisó que le corresponde a Guadalupe Taddei y no a Luisa María Alcalde dar la información sobre la asignación de plurinominales y garantizar que la Cámara de Diputados represente la pluralidad y diversidad de la votación del 2 de junio pasado.

Arremetió contra la funcionaria gubernamental que da datos falsos para argumentar que obtuvieron una mayoría calificada inexistente, citas precedentes irreales y omite que fue AMLO, como presidente del PRD, quien sentó jurisprudencia para evitar la sobre y sub-representación legislativa. “Hay que honrar el artículo 54 constitucional, para no afectar la representación plural del país, garantizar que la gente esté representada por su voto, y quede a salvo el derecho democrático de las minorías”, señaló Figueroa.

Para concluir, es necesario estar conscientes de que no sólo está de por medio detener la reforma constitucional presidencial para que “la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros”, considerada una auténtica barbaridad por juristas respetados, sino evitar se concrete todo el Plan “C” de López Obrador, que incluye otras 19 iniciativas de reformas presidenciales enviadas el 5 de febrero pasado a la Cámara de Diputados, que pretenden desaparecer organismos autónomos y fortalecer el mega presidencialismo mexicano.