Miscelánea, Salud y Política Judith Álamo López

Mientras en el Instituto Nacional Electoral se guardó un minuto de silencio en memoria de 20 candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral 2023-2024, a horas del arranque oficial de las campañas, la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum insiste en pronosticar elecciones seguras, niega el aumento de la violencia en el actual gobierno e ignora comentar sobre el incremento en zonas en poder de grupos delincuenciales.

Sin política de seguridad para atajar la hiedra criminal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, exultante, hace cuentas alegres cuando sostiene: “Es público, notorio, el crecimiento económico de México” y adelanta que cuando entregue la banda presidencial dirá: “misión cumplida y a Palenque, Chiapas”.

Esa visión no es compartida por economistas expertos como Macario Schettino o su extitular de Hacienda, Carlos Urzúa (recientemente fallecido), quienes vaticinan la bancarrota del país por sus equivocadas políticas presupuestales.

Bueno, hasta un correligionario de izquierda, Joel Ortega Juárez, profesor universitario, analista político y coautor junto con el excanciller Jorge Castañeda del libro “Las dos izquierdas”, dice de López Obrador: “Deja un país quebrado, con instituciones rotas, con un sistema de salud roto. Quiere acabar con las que crearon los gobiernos democráticos, darle otra vez todo al gobierno, al PRI, al PRI con otro nombre”.

Los autores aseguran que AMLO es representante del ala de la izquierda de la Revolución Mexicana, que resurge en 1988. Ortega y Castañeda fundamentan sus teorías, aunque hay quienes disienten y consideran el obradorismo un fenómeno social y religioso hasta quienes lo ven como un régimen personalista y estrategia o movimiento político.

Claudia Sheinbaum sigue la narrativa triunfal de su mentor, al menos ese fue el tono que mostró en sendas entrevistas con Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga, a quienes dijo que dará continuidad al régimen actual, que la percepción de violencia es menor a otros gobiernos, que ella si tiene experiencia en reducir la violencia. Ambos periodistas debieron recordar los viejos tiempos en que el aspirante presidencial López Obrador, “amistoso”, no los imprecaba ni hostigaba.

Benditos tiempos de campaña en que los candidatos políticos en estado de gracia se muestran empáticos y tolerantes con los mensajeros. La aspirante oficial evitó cualquier tema polémico, hacer críticas a su antecesor y redujo a especulaciones de columnistas políticos la posibilidad de que López Obrador quiera perpetuarse en el poder.

Más allá de las cortesías, los periodistas no debemos olvidar que antes de mostrar la camiseta empresarial –como empleados o propietarios de medios– debemos asumir la responsabilidad social y ética de ser formadores de opinión pública entre la ciudadanía que habrá de elegir autoridades federales, estatales y locales. Es momento de informar con objetividad, veracidad y contraste, cuestionando, si es el caso, los datos falsos.

El caso de Carlos Loret de Mola debe llamar a la reflexión y unidad gremial: el periodista sacó un video en Latinus hace tres y medio años exhibiendo a Pío López Obrador (en el 2015) recibiendo miles de pesos en sobres amarillos, se habla de entregas periódicos que suman millones, supuestamente para que Morena hiciera proselitismo a favor de su hermano Andrés Manuel.

La entrega del dinero y el video fueron hechos por David León Romero, en ese momento coordinador de Protección Civil del gobierno de Chiapas, cuyo titular era Manuel Velasco. Pero, en el reino de la impunidad el mensajero es el rival más débil, en lugar de iniciarse indagatorias por la denuncia pública, el reportero es citado ayer –27 de febrero– para comparecer como demandado por Pío por 200 millones de pesos, aunque el demandante , según narra el informador, no pudo desacreditar el video.

El presidente, como acostumbra –sin pruebas–, hizo su juicio sumario, y arremetió contra Loret por ser “un mafioso… es de los periodistas más corruptos de México” porque “hace montajes” y “ahora es amigo de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido”.

El presidente López Obrador no deja de estigmatizar a Loret por el caso de Florence Cassez y su manejo en Televisa, pero la realidad es que el periodismo crítico incomoda al jefe del Ejecutivo. A últimas fechas en Latinus se han presentado reportajes del periodista Mario Gutiérrez Vega, denunciando la existencia de una red de negocios y tráfico de influencias.

Le llamaron el Clan López Beltrán, operado por los hijos del presidente: Gonzalo “Bobby” y Andrés “Andy”, a través de amigos personales y primos, encabezados por el empresario Amílcar Olán, cuya riqueza se multiplica a la velocidad de la luz. Bueno, el primo Pedro Salazar Beltrán, dice en uno de los audios: “Hasta de lado nos vamos a ir con el billetal que va a entrar”. La autoridad debe investigar estas denuncias y rendir cuentas a sus gobernados.

En este complejo panorama, la violencia no cede en las principales ciudades de estados como Colima, Michoacán, Guerrero, Baja California, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Chiapas, Oaxaca… Tampoco las descalificaciones en redes: #NarcopresidenteAmlo, surgidas por investigaciones a cargo de agencias estadunidenses por supuestos financiamientos ilegítimos de grupos delincuenciales. Oficialistas y opositores se acusan de ser víctimas de campañas de bots.

AMLO continúa en campaña proselitista por Morena y aliados, al margen de la ley, emprende ahora una etapa de giras por todo el país para inaugurar obras de infraestructura y difundir con sus otros datos los supuestos logros de su gobierno en materia de reducción en 20% de homicidios y en 75% el secuestro, cifras debatibles con el pronóstico de que el actual gobierno rebasará los 200 mil homicidios y será el más sangriento de la historia.

Las votaciones que vienen deben hacernos recapacitar en que el sistema presidencialista mexicano no puede quedar al arbitrio o voluntad del presidente, debe ser acotado por los otros poderes (Legislativo y Judicial, qué deben mantenerse autónomos).

Evitemos elegir a una presidenta o presidente, legisladores, gobernadores y alcaldes que prometan dar continuidad a acciones al margen de la ley o pretendan acabar con las instituciones autónomas o quieran revertir las conquistas sociales y ciudadanas constitucionales.

Sobran muestras de políticos serviles: el gobernador que susurra al oído del caudillo propuestas de reelección; el alcalde que lo proclama “héroe nacional”; los legisladores que evitan incomodar al jefe del Ejecutivo y prefieren declinar a ejercer el derecho a sugerir enmiendas necesarias a sus iniciativas legales. Todos ellos traicionan al pueblo que dijeron representar e igual ocurre con aquel magistrado y las magistradas de la Corte que en lugar de hacer cumplir la ley, se someten a la voluntad y caprichos presidenciales.

Un dato más para la reflexión: ¿Por qué el Senado no se aboca a lograr los acuerdos parlamentarios para nombrar a quienes ocupen dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a 39 magistrados de los tribunales regionales actualmente vacantes? ¿A quién conviene dejar incompletos los órganos electorales encargados de calificar las elecciones?