Dice: “Estados Unidos carece de la legitimidad para imponerme la pena de muerte”

El capo, fundador del Cartel de Sinaloa, afirma en una carta que su detención fue irregular y pide la intervención de las autoridades mexicanas para evitar un “colapso” en la relación bilateral. Sheinbaum anuncia que analizará la solicitud

“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”. Ismael El Mayo Zambada hizo pública una nueva carta desde la cárcel para exigir su repatriación y pedir la intervención de las autoridades mexicanas para frenar su proceso judicial en la corte de Brooklyn.

El capo de 77 años, fundador y jefe de jefes del Cartel de Sinaloa, insistió en que su detención fue “irregular” e “ilegal” y aseguró que su caso puede sentar un precedente peligroso en la guerra contra las drogas, justo cuando han escalado las tensiones entre ambos países por la adopción de medidas unilaterales de Washington contra los cárteles.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que el escrito fue entregado al consulado de México en Nueva York y dijo que se analizará la solicitud. “Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano al ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa de este viernes.

Capturado a finales de julio pasado cerca de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), El Mayo publicó otra carta un mes más tarde en la que acusó a Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo del Chapo, de secuestrarlo y entregarlo contra su voluntad en Estados Unidos.

El escrito se convirtió en la principal línea de investigación de la fiscalía general de la República (FGR) sobre las circunstancias de la detención en territorio mexicano y el Ministerio Público señaló a Guzmán López como el principal sospechoso del secuestro.

En esta ocasión, Zambada instó a las autoridades mexicanas a intervenir en el proceso judicial “a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral” y se abra la puerta a que otros ciudadanos mexicanos, “incluso políticos o funcionarios del Gobierno”, sean sustraídos para ser procesados en Estados Unidos. “Esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera, de manera impune, violentar nuestro territorio y soberanía”, se lee en el escrito con fecha del pasado 20 de febrero.

El capo, que no había pisado la cárcel en más de cinco décadas de carrera criminal, fue uno de los blancos principales de la Casa Blanca durante años, en un expediente judicial que se extiende desde principios de los años 2000 hasta la fecha.

Zambada fue trasladado en septiembre pasado a Nueva York para enfrentarse al juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, a cadena perpetua en 2019. Además de los cargos por narcotráfico y delincuencia organizada que acumuló ante la justicia estadounidense, la Fiscalía lo acusó en febrero de 2024 de tráfico de fentanilo, la sustancia en el centro de la última cruzada de Washington contra las drogas.

Cogan señaló en una audiencia en octubre pasado que las autoridades estadounidenses podían solicitar la aplicación de la pena de muerte, prevista para delitos de lesa humanidad. El argumento legal es que la epidemia de sobredosis por el consumo de opioides está detrás de cientos de muertes en Estados Unidos. El caso, sin embargo, aún no ha llegado a juicio y a priori harían falta años antes de que se dicte una condena, de ser hallado eventualmente culpable.

“Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”, asegura Zambada. El capo, sin embargo, posee décadas y décadas de información sobre las conexiones políticas del narco, las operaciones de socios y rivales, y el estado de fuerza de los cárteles, y durante meses se ha hablado de la posibilidad de que coopere con la justicia a cambio de una pena reducida.

Su equipo de abogados, incluso, deslizó la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía tras su última audiencia en enero pasado. La carta es una señal de que hay otras estrategias legales en la mesa de la defensa.

“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte”, agrega el capo en la misiva.

La carta de El Mayo pone el dedo en la llaga de la soberanía de México, la principal carta que ha jugado Sheinbaum para responder a las presiones del Gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca formalizó esta semana la designación de seis cárteles mexicanos como grupos terroristas, entre ellos el Cartel de Sinaloa, lo que ha desbordado las preocupaciones en México por la posibilidad de que Washington lance una intervención militar en suelo mexicano bajo la excusa de la lucha antiterrorista.

La presidenta subrayó que la soberanía “no es negociable” y reclamó a Trump que no se consultó a su Administración antes de las designaciones. También anunció una iniciativa para imponer “la pena más severa más posible” a agentes extranjeros que vulneren la soberanía mexicana.

“Hay un tema en la carta que tiene que ver con la soberanía”, declaró la mandataria. “Nadie está defendiendo al personaje, sino al hecho”, agregó. Sheinbaum adelantó que consultará el tema con la FGR y el equipo jurídico de la Cancillería, y dará más información el próximo martes. La detención de Zambada disparó las tensiones diplomáticas entre ambos países y ha vuelto a impactar de lleno en la relación bilateral, en medio de la nueva guerra de Trump contra los cárteles, las presiones arancelarias del Gobierno estadounidense a sus socios mexicanos y más de cinco meses de batalla dentro del Cartel de Sinaloa por la sucesión. “Lo vamos a revisar”, insistió la presidenta.