Más que un evento deportivo, los Juegos Olímpicos pueden ser el foco de acusaciones de corrupción, de inversiones injustificadas que no dejan el legado prometido y de maniobras políticas, como el caso de Río de Janeiro.

Gran parte del “patrimonio” que hubieran sido los parques olímpicos de Barra da Tijuca y el Complejo Deportivo Deodoro nunca salió del papel, dijo el concejal Felipe Michel (Partido Progresista), presidente de la Comisión de Deportes de la Municipalidad de Río de Janeiro. Casi cinco años han pasado desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en agosto de 2016, y todavía abundan las acusaciones de corrupción y fraude.

“Cuando hablamos de ‘patrimonio’, no solo hablamos de espacios físicos; también hablamos de planificación pos-olímpica, desde simple conservación del espacio hasta un proyecto deportivo”, dijo Michel.

“En el Parque Acuático Maria Lenk, la piscina está desmantelada e incluso hay otra almacenada en el espacio del campo de golf. Lo que vemos [con respecto a la herencia arquitectónica de los Juegos Olímpicos] es un ‘deslegado’. Las instalaciones están abandonadas porque la municipalidad, como dije, no pensó en planificar una pos-olimpiada”.

El destino de las piscinas olímpicas aún es incierto, pero se está considerando la posibilidad de llevar al menos una a la ciudad de Maricá, a unos 150 km de Río de Janeiro.

Según el concejal, la única pieza de patrimonio arquitectónico que se puede aprovechar es el Campo de Golf Olímpico.

“Lo que tenemos como patrimonio, de hecho, es un campo de golf en Barra da Tijuca, al oeste de Río. Allí, los niños de las escuelas municipales van al campo, aprenden a jugar golf e incluso compiten en torneos”, dijo Michel.

El campo de golf tiene una superficie de 1 millón de metros cuadrados y, además de los Juegos Olímpicos, ya ha albergado otros torneos profesionales, como el Open de Brasil y el Open del Estado de Río de Janeiro.

El Parque Olímpico de Barra da Tijuca, la “Arena del Futuro”, sigue inactiva. Con una superficie de 35 mil metros cuadrados, la instalación fue construida por el Gobierno Federal a un costo de 42.5 millones de dólares, y fue sede de los juegos de balonmano. Una vez finalizados los torneos, el lugar se transformaría en cuatro escuelas municipales, pero este proyecto aún no se concretiza.

“Solo ahora lograron sacarlo del papel para poder transformarlo en cuatro escuelas, pero no sabemos qué podrá ser aprovechado de esa arena que estará lista para recibir estudiantes dentro de dos años”, dijo.

Michel también criticó las obras de la Línea 4 del Metro — que conecta la Zona Sur con la Zona Oeste de la ciudad de Río — que no se completaron, y el deterioro del transporte público, como el Bus Rapid Transit (BRT).

“El BRT tenía 400 autobuses durante los Juegos Olímpicos, y hoy solo 150 vehículos atienden a la población. Vemos que [la suerte de] estas piezas del patrimonio olímpico sigue sin resolverse y, si no exigimos planificación a los órganos responsables, no solo se abandonarán, sino que se acabarán por destruir”, dijo.

Michel dice que el modal BRT se caracteriza por malas condiciones y exceso de pasajeros, incluso durante la pandemia, y que “Veículo Leve sobre Trilhos” (VLT), otro sistema de transporte que funcionaba en el centro de la ciudad durante los Juegos Olímpicos, no cumplió con las expectativas de la población.

La “Villa Olímpica”, con 31 edificios residenciales ubicados en un condominio en Barra da Tijuca, al oeste de Río, también es considerada una joya patrimonial. El sitio albergó durante los Juegos Olímpicos a miles de atletas que formaban parte de las delegaciones de más de 200 países.

“El lugar se está convirtiendo en un ‘elefante blanco’ porque no se consigue vender los apartamentos. Hay problemas de infiltración [de agua] en los alrededores. Es una situación muy triste”, dijo Michel.

El patrimonio arquitectónico de los Juegos Olímpicos en Brasil ya consumió al menos 80.1 millones de reales — aproximadamente 16 millones de dólares — del gobierno federal y de la municipalidad de Río entre 2017 y 2020, según las planillas obtenidas a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI).

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes (Democrátas), dice que la ciudad se quedó con una herencia similar a la de los Juegos Olímpicos realizados en Barcelona, España, en 1992.

“Construimos este patrimonio en un período de turbulencias en el país, mientras que España, en ese momento, estaba en ascenso. Todo lo que se hizo para llevar a cabo los Juegos se pagó en 2016; no dejamos deudas a la municipalidad por causa de las Olimpiadas. Además, logramos hacer todo a tiempo y correctamente. Si lo comparamos con los estadios de todo el mundo, hicimos cosas simples, con mucho dinero privado, sin grandes inversiones de dinero público”, dijo el alcalde.

Paes citó como ejemplo del legado olímpico la implementación del VLT en el centro de la ciudad, la revitalización del muelle del puerto (Porto Maravilha) y la ampliación de la línea del metro. El alcalde se eximió de la falta de conservación de las instalaciones heredadas por los Juegos Olímpicos y dijo que el exalcalde de la época, Marcelo Crivella (Republicanos), quien estuvo al frente de la ciudad entre 2017–2020, “dejó todo abandonado”. Paes fue alcalde de Río de Janeiro entre 2009 a 2017, y fue candidato a gobernador de Río en 2018, pero perdió las elecciones. Fue electo nuevamente como alcalde para 2021–2024.

Paes dijo que el proceso de licitación para el desmantelamiento del Centro Acuático y Arena del Futuro está en marcha, y que se construirán cuatro nuevas escuelas. “Hoy puedo adelantar que traeré al sector privado y haré que el parque sea económicamente sostenible”.

Sospechas de corrupción

Mientras tanto, un tribunal federal imputa a Paes por corrupción pasiva, fraude de licitación y falsedad ideológica. Las acusaciones están relacionadas con la supuesta dirección en la licitación para la construcción del Complejo Deodoro, en el lado oeste de Río. Según la denuncia, casi 120 millones de reales fueron desviados. El total para el proyecto fue de 647 millones.

Paes rebatió las acusaciones por correo electrónico, y dijo que la acusación relacionada con la construcción del Complejo Deportivo Deodoro es una denuncia del Ministerio Público Federal (MPF). “En ningún momento el MPF me acusa de recibir cantidades [de dinero], de cualquier naturaleza, de nadie. Nunca he favorecido ni exigido compensación a nadie en mi mandato como alcalde, como lo demuestran varios testimonios que funcionarios de las mayores constructoras del país dieron al Ministerio Público. … Sigo confiando en la justicia de mi país”.

El Complejo Deportivo Deodoro fue sede de 11 disciplinas olímpicas y cuatro paralímpicas. Entre las primeras se encuentran las competencias de equitación, ciclismo, pentatlón moderno, tiro, canotaje, slalom, hockey sobre césped, baloncesto y rugby. Durante los Juegos Paralímpicos se realizaron los torneos de tiro deportivo, equitación y esgrima en silla de ruedas.

Operación‘’Unfair Play’’ 

Agentes de la Policía Federal, a solicitud del Ministerio Público Federal, detuvieron al presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman, y a su mano derecha, Leonardo Gryner, exdirector de marketing, en Río de Janeiro, el 5 de octubre de 2017.

Los arrestos fueron parte de la ”Operación Unfair Play”, que tuvo como objetivo investigar la compra de votos para elegir a la ciudad de Río de Janeiro como sede olímpica. La operación de la Policía Federal y el Ministerio Público Federal fue impulsada por una solicitud del Ministerio Público francés, a fines de 2016, luego de que se encontraran indicios de corrupción en la candidatura de Río de Janeiro durante investigaciones de dopaje en el atletismo.

Fabiane Schneider, fiscal del Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, dijo que, “el grupo de trabajo denunció varios actos de corrupción relacionados con obras destinadas a los Juegos Olímpicos, y la propia compra de votos para la ciudad sede, practicada por agentes públicos del estado de Río de Janeiro y agentes privados”.

El exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso desde 2016, por varios delitos, entre ellos corrupción, conspiración y lavado de dinero. Cabral también fue denunciado por el MPF por comprar votos al Comité Olímpico Internacional para elegir a Río de Janeiro como sede de los Juegos. Se habla de una “propina” de 2 millones de dólares. El político aún no ha sido sentenciado por este delito.

Editado por Melanie Slone y Gabriela Alejandra Olmos