Por César Santomé López. Analista y consultor.                                                

La ignorancia, cuando se institucionaliza, no solo degrada al gobierno: desdibuja al Estado y neutraliza sus capacidades y competencias. Lo que en otros tiempos era una maquinaria compleja, capaz de planear, negociar, corregir y aprender, se convierte en un cascarón ocupado por autómatas que confunden obediencia con eficacia y propaganda con política pública.

Max Weber advirtió: “Nada hay tan indigno para un funcionario como creer que la obediencia ciega puede sustituir al juicio.” Hoy, claramente, cualquier razonamiento o juicio ha desaparecido en administraciones gubernamentales que reclutan devotos, no expertos.

Cuando el Estado queda secuestrado por el hartazgo. Las sociedades que fueron excluidas y no asimiladas al neoliberalismo, las que quedaron fuera del crecimiento y atrapadas en la desigualdad estructural, incubaron una mezcla peligrosa: resentimiento, desorientación y una especie de nostalgia de un pasado que pudo ser. Esa mezcla ha sido la gasolina del populismo: el hartazgo abre la puerta, la fe populista entra, el resentimiento legitima al líder “transformador” y este destruye al Estado que ya no es capaz ni de sostener funciones básicas como seguridad o salud. Ejemplos sobran:

Venezuela: primero el descrédito de partidos, luego la demolición de contrapesos, después la captura total del Estado.

Hungría y Turquía: el voto como herramienta de demolición democrática; la reelección como estrategia de eternización.

El Salvador: la popularidad como licencia para desarticular por completo el orden republicano.

En todos los casos, el populismo llega como “venganza histórica”, pero se queda como dictadura incompetente, más corrupta que sus predecesoras y menos profesional que cualquier burocracia mediocre. Las promesas de “rescatar al pueblo” derivan inevitablemente en Estados amputados donde cada institución es tratada como un estorbo que impide acceder al botín.

La simpleza vil y la falta de profesionales: el virus central. Los investigadores Peter Evans y James Rauch (1999) demostraron hace más de veinte años algo que hoy vuelve a comprobarse: “Los países con burocracias meritocráticas crecen más y se vuelven más estables; los que sustituyen competencias por lealtades sufren deterioro institucional.” (Bureaucratic Structure and Economic Performance in Less Developed Countries. American Journal of Sociology, Vol. 64(4), pp. 748–765.).

La ecuación es simple: sin técnica no hay gobierno; sin gobierno no se sostiene el Estado; sin Estado no hay desarrollo; sin desarrollo no hay ciudadanía; sin ciudadanía solo queda el clientelismo.

Por eso el populismo siempre construye su propia burocracia paralela: operadores políticos disfrazados de funcionarios y “servidores” que vigilan e inundan las comunidades.

Los populistas no administran: vigilan, reparten, condicionan y ocupan espacios creados para medir, planear y evaluar. Los órganos técnicos estorban porque ponen límites: deben ser debilitados o ridiculizados. La producción ideológica también se extingue; los regímenes sin ideas solo saben destruir. El método se desvanece y lo reemplaza una narrativa emocional que no explica nada, moviliza mucho y moraliza todo para descalificar a quien sea.

El Estado sin reglas: la tormenta perfecta. North y Weingast (Journal of Economic History, Vol. 49, núm. 4, 1989) demostraron que el desarrollo económico solo es posible cuando las reglas del juego son estables, creíbles, limitan al gobierno y evitan la voluntad discrecional del soberano.

Los populismos de izquierda, derecha o dictatoriales hacen exactamente lo contrario: cambian reglas según su conveniencia, confunden soberanía con voluntarismo, cancelan certidumbres técnicas para imponer caprichos y sustituyen planeación con ocurrencias. El resultado es universal: fuga de capitales, desconfianza empresarial, estancamiento de la innovación, colapso de la competitividad internacional y decadencia lenta pero estructural del nivel de vida. Los índices globales lo confirman: los países que pierden instituciones caen año tras año en los indicadores de innovación, conocimiento, Estado de derecho y competitividad. Y esto no es ideología: es estadística.

El Estado desconfigurado no colapsa: se pudre. Los Estados rara vez se derrumban de golpe. Se erosionan. Se corrompen. Se vuelven torpes. Y mientras la decadencia avanza, el populismo celebra cada ruina como “transformación”. Los países que vivieron esta trayectoria, los que entregaron el poder al resentimiento, en lugar de elegir la capacidad técnica, pagan hoy consecuencias dolorosas: poco crecimiento, inflación administrada con torpeza, aislamiento internacional, pérdida de industrias estratégicas, retrocesos educativos, corrupción disfrazada de virtud y criminalidad tolerada en nombre del combate a sus “causas”.

El Estado puede ser pequeño, puede ser austero o puede ser reformado. Pero no puede ser incompetente. Esa incompetencia, una vez instalada, es la forma más cara de pobreza. La ignorancia como principio de gobierno es el impuesto más alto que una sociedad puede pagar. Destruye instituciones, desactiva la movilidad social, empobrece el futuro y convierte la democracia en una celebración eterna sin contenido.

Acallar la protesta es un comportamiento típico de los populismos que ya no pueden gobernar, sino solo administrar enemigos. La ciudadanía sale a la calle cuando percibe que el Estado ha dejado de funcionar: que no hay árbitros, que no hay estándares, que no hay límites. Las marchas, vistas de esa manera, son el espejo: una sociedad que intuye que el futuro ya no está garantizado. Si bien la ignorancia puede organizar al poder, la lucidez aún puede organizar a una sociedad que despierta. Ahí empieza el verdadero reto y también la posibilidad de corregir el rumbo.