Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

¿Para qué querría un gobierno popular como se presume el de Claudia Sheinbaum traer a México al Mayo Zambada? El célebre transgresor del Estado de derecho durante el último medio siglo reclama la protección de las leyes mexicanas, como cualquier ciudadano, porque fue secuestrado para llevarlo más allá de las fronteras, y exige un juicio en su patria, con respeto a sus derechos humanos. Para Ripley.

La preocupación gubernamental trascendió porque no vaya a ser que el Mayo cumpla con la amenaza asentada en su carta de que o lo protegen y lo traen a su amado terruño y lo salvan de la pena de muerte o hablará y sus dichos bien podrían “colapsar las relaciones bilaterales México-Estados Unidos”. Éstas, bajo el liderazgo de Donald Trump, atraviesan el peor momento de su historia de las cuatro últimas décadas, cuando menos.

Como si hicieran falta indicios de la importancia que le confiere el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación al temido capo, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, silente en muchos casos de investigaciones penales ante violaciones flagrantes de los derechos humanos, tuvo orden de aparición en el teatro del pueblo para dar constancia de que ya van cuatro veces que se pide la extradición del Mayo sin respuesta alguna de las autoridades norteamericanas.

Para analistas como Alfredo Figueroa, “La no captura de un hombre como el Mayo Zambada, operando durante décadas, es producto de acuerdos de Estado de diferentes Administraciones de gobiernos mexicanos y con agencias estadounidenses como la DEA”. De ahí que la clase política esté preocupada por lo que tenga que decir sobre sus nexos políticos y empresariales.

¿Quién a estas alturas duda de los nexos inconfesables entre gobiernos y el crimen organizado? ¿Cómo entender de otra forma que no fuera un mensaje al crimen organizado, la política de “abrazos no balazos”? Seguramente los recursos ilícitos fueron definitivos en el logro de muchos triunfos electorales federales, estatales y municipales. ¿Cómo detenemos hoy a la Hidra de siete cabezas?

Así las cosas, en un México donde el gobierno de Morena da muestras de contar con un grupo de partidarios inverecundos inconformes con las iniciativas de nepotismo electoral y no reelección consecutiva, tan cacareadas por la señora presidenta que, para disimular, tuvo que hacer un conciliábulo con el Partido Verde para que solicitara, como cosa suya, postergar su entrada en vigor hasta el 2030.  Sí, la mayoría oficialista parecía gritar: hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre.

Mientras tanto, nada amenaza a las dinastías adueñadas del poder gubernamental en Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí… ni al linaje de los López Obrador, ni a las familias Alcalde Luján, Monreal, Batres, Sánchez Cordero…incluido el grupo de intelectuales orgánicos fanáticos del Mesías y sus atributos cuasi divinos.

Enorme carencia sufre nuestro país, precisamente hoy, cuando más que nunca antes necesita de una intelectualidad científica y tecnológica íntegra para encontrar soluciones y enmendar el camino; pero, al contrario, grupos de profesionales aliados a la clase política morenista defienden a criminales sin importar el conflicto de interés ni la ética. Y ahí va la Reforma al Poder Judicial que sepultará la impartición imparcial de la justicia.

El abuso de poder es evidente al emitir leyes innecesarias con intenciones sesgadas para ir manejando a conveniencia y capricho la aplicación de las normas, al tiempo que se favorece al grupo del partido gobernante con concesiones políticas y económicas, se deja hacer proselitismo y alarde del nepotismo al hijo del líder máximo, a los miembros de la Corte Legislativa e Imperial, familiares y amigos, novios y amantes, cófrades y compinches.

 Aplazadas por segunda ocasión las amenazas de Donald Trump –del 4 de marzo al 2 de abril– de aumentos arancelarios del 25% a la compra de productos mexicanos, incluidos acero, aluminio, cobre…, el gabinete de seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se reunirá el jueves 27 de febrero en Washington con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Van en la comitiva el canciller Juan Ramón de la Fuente y el fiscal de la República.

Sobre ese particular, si nos atenemos a lo declarado por la presidenta Sheinbaum en la relación bilateral pasa a primer término el tema de seguridad. México está obligado a dar evidencias de que se combate al crimen y se frena la producción de fentanilo, además de detener a los migrantes que van a EEUU, como exigió el mandatario estadounidense. El objetivo del viaje es “buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías”.

Sin embargo, cómo le hará la comitiva gubernamental para llevar a buen término las negociaciones con los estadounidenses, sin sucumbir a las presiones del narco sinaloense que exige ser repatriado, eso echaría por la borda cualquier presunción de inocencia para la Administración actual; cómo disimular el impacto de la violencia sin control por la guerra entre carteles que se expande en territorio mexicano y, especialmente, cómo acallar la conciencia de ser un gobierno amenazado.