Puntales Agustín Vargas

• Uso razonable y comprobación de recursos
• Recortes discrecionales y drásticos del gasto
• Debate anodino; sector salud, mera referencia

La política tributaria tiene un sólido historial en el logro de metas fiscales y en el mantenimiento de una deuda pública manejable. Sin embargo, se necesitan mayores ingresos tributarios para mantener la prudencia fiscal y abordar importantes necesidades de gasto en ámbitos que mejoren la productividad, como la educación, salud, infraestructura, transición digital y ecológica, y la lucha contra la corrupción y el crimen, entre otros rubros socioeconómicos.  Además, la mejora del marco fiscal facilitaría brindar apoyo durante las recesiones.

México tiene la relación impuestos/PIB más baja de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Según este organismo multilateral, al que pertenece México, el gobierno mexicano tiene margen para  recaudar más ingresos a partir del impuesto sobre la propiedad, los impuestos ambientales y hacer que el sistema tributario sea más eficaz y progresivo mediante la reducción de las deducciones fiscales que beneficien a los más ricos.

Aumentar la eficiencia del gasto público también podría liberar recursos adicionales. Esto requerirá un uso más sistemático del análisis costo-beneficio en los proyectos de infraestructura y evaluaciones sistemáticas y un uso más amplio de la comprobación de los recursos en los programas sociales.

La capacidad del marco fiscal para aplicar políticas fiscales anticíclicas es limitada. Las reglas fiscales vigentes fomentan una política fiscal procíclica, ya que favorecen los recortes discrecionales y drásticos del gasto para alcanzar las metas fiscales. La cobertura de la regla de gasto es demasiado limitada para suavizar el gasto a lo largo del ciclo.

La falta de un marco presupuestario a mediano plazo implica un enfoque casi exclusivo en la asignación del gasto y la meta fiscal del próximo año durante la preparación y discusión del presupuesto.

Al respecto cabe recordar que en nuestra entrega anterior, comentamos justo que para 2025, el primer año de gobierno de la siguiente administración, ya se anticiparon algunos recortes presupuestales y por tanto severas dificultades para mantener las finanzas públicas a flote.

De entrada se anticipa que la nueva presidenta de la República tendrá que aplicar, quiera o no, un severo recorte presupuestal y ajustar el gasto del gobierno para darle un poco de oxígeno a la economía, de acuerdo con los Pre Criterios de Política Económica elaborados por la Secretaría de Hacienda.

Esta dependencia propone un recorte al gasto neto pagado, específicamente a su componente programable –gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos–, de 578.9 mil millones de pesos (mmdp) o (-)12.1% en términos reales, el cual pasaría de 6.62 billones de pesos en 2024 a 6.04 billones de pesos en 2025, con el objetivo de reducir a la mitad el déficit público en 2025. O sea, ajustarse el cinturón y poner a trabajar la tijera.

Debate anodino

Quiérase o no, los ciudadanos debemos interesarnos por el espectro político que rodea la campaña presidencial de las aspirantes a gobernar el país el próximo sexenio. Dos de los temas que debieran ser abordados con seriedad y plantear propuestas reales por las candidatas, son los relativos a los sistemas seguridad y de salud, sectores totalmente destrozados que han generado un gran daño a la población mexicana.

Por ejemplo, el primer debate de las candidatas y el candidato a la presidencia, se realizó sin propuestas claras para el financiamiento del sistema de salud.

De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se requiere duplicar el presupuesto para alcanzar un nivel mínimo de inversión; para 2030 el sector salud podría requerir el 10% del PIB y para garantizar la atención de la población sin seguridad social, se necesitan al menos tres puntos del PIB; la inversión actual es de 0.83% del PIB.

El nivel de gasto en el sector salud no sólo ha sido menor a lo sugerido internacionalmente, sino también inferior a lo que destinan países de Latinoamérica como Argentina (5.9%), Brasil (3.9%) o Costa Rica (5.5%), como proporción del PIB.

La baja inversión en México se traduce en un gasto por persona bajo y desigual. Mientras que, el promedio del gasto per cápita en los países miembros de la OCDE es de $67,045 pesos, en México una persona con servicios médicos en Pemex cuenta con $31,985 pesos y una persona con IMSS-Bienestar con $4,107 pesos, esto es, quince veces menos que el promedio de la OCDE.

Además, con la centralización de recursos para personas sin seguridad social con IMSS-Bienestar, no es clara la responsabilidad de los gobiernos estatales, pues no son públicos los acuerdos firmados.

La siguiente administración deberá considerar seriamente los retos presupuestarios del sector salud, así como la situación demográfica y epidemiológica actual. Se requiere un aumento sustancial y sostenido en el presupuesto, que refleje los cambios necesarios en la atención médica de la población y permita alcanzar la cobertura universal.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx