Ecuador retoma poco a poco la normalidad en medio de un estado de “conflicto armado interno” decretado la semana pasada por el presidente Daniel Noboa, cuando se repetían disturbios en las cárceles con la toma de trabajadores penitenciarios como rehenes, ahora liberados, y la toma de un canal de televisión por un grupo de hombres armados, ahora detenidos.

Quito, la capital del país, ha comenzado este lunes a sentir el retorno del tráfico, si bien no es acentuado pues algunas instituciones mantienen el teletrabajo, en tanto que las clases en modalidad virtual se extenderán hasta el próximo miércoles, por disposición del Ministerio de Educación.

Los comercios abren sus puertas e, incluso, vendedores de comidas en ciertas esquinas de la ciudad ya expendían a primeras horas alimentos a comensales en las calles.

El parque La Carolina, uno de los más emblemáticos y concurridos de la zona comercial de Quito, tenía esa mañana personas haciendo deportes, mientras otros circulaban por la zona de camino a su trabajo.

En el mismo parque, el domingo, niños se distraían en distintos juegos infantiles, otros paseaban en bicicleta, mientras se observaba a adultos caminar o trotar, mientras en una de sus avenidas colindantes, varios ciclistas paseaban por zonas definidas para el efecto, pues el Municipio suspendió el tradicional “ciclopaseo” de los domingos, que supone el cierre de varias vías.

Los bancos, servicios médicos, restaurantes, transporte de autobuses y taxis funcionan con normalidad, así como también la llamada ‘zona azul’ correspondiente al sector donde se permite, bajo tarifa, el estacionamiento de vehículos en las calles de Quito.

La semana pasada había temor de dejar los vehículos en las calles luego de que circularon imágenes de un sujeto cuando rompía el vidrio de un vehículo y lanzaba líquido inflamable en su interior antes de prenderle fuego.

Los aeropuertos también mantienen sus operaciones normales, pero han aumentado sus medidas de seguridad, mientras la Policía se mantiene alerta de llamados ciudadanos sobre objetos abandonados en zonas públicas ante el temor de que pudiese tratarse de algún artefacto explosivo.

Operativos en marcha

El eje de los noticieros locales este lunes ya no fue el estallido de coches bomba, explosiones en puentes peatonales, disturbios y rehenes en la cárceles, ni secuestros de policías, pero sí reportaron hechos de violencia ocurridos en las últimas horas, como el asesinato a dos personas en un billar de Quito.

El fin de semana se liberó a más de 150 rehenes que permanecían retenidos por los presos en diferentes cárceles, y el Gobierno aseguró que sofocó los disturbios en siete centros de reclusión.

La relativa calma que vive la capital ecuatoriana este lunes contrasta con la tensión que se mantiene en zonas, como la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de violencia que afecta a Ecuador.

Los militares y policías mantienen la vigilancia, en especial en las zonas más conflictivas del país por la violencia, como la provincia del Guayas, donde el comercio se mueve a medias y el ambiente se mantiene tenso, mientras Quito no luce como una ciudad militarizada.

Más de mil detenidos

Las Fuerzas Armadas han detenido a más de 1.300 personas, 143 de ellas bajo cargos de terrorismo, en los últimos días tras la aplicación de un estado de excepción declarado por el Gobierno, con el que intenta superar la ola de violencia que desataron bandas de delincuentes en las cárceles y en las calles.

El más reciente balance difundido el domingo por el llamado Eje de Seguridad -integrado por mandos militares, de la Policía y del Gobierno-, señalaba que desde el martes las fuerzas de seguridad habían ejecutado un total de 12.974 operaciones a escala nacional con más de 1.300 detenidos.

Dichas operaciones obedecieron a la aplicación de los decretos de “estado de excepción”, con toque de queda nocturno aún vigente, y “conflicto armado interno”, decretado para atajar la espiral de violencia.

En ese último decreto, el Gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado y los ubicó “como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

Según expertos, catalogar a estos grupos como beligerantes abre una puerta legal para que las Fuerzas Armadas, junto con la Policía, actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.