El llamado “Plan B” electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta incertidumbre en el Senado, luego de que el Partido del Trabajo (PT) condicionara su respaldo a la corrección de diversas imprecisiones y ambigüedades en la iniciativa.

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la revocación de mandato. El PT ha señalado que el documento no define con claridad el plazo para llevar a cabo este ejercicio, pues en distintas partes se menciona que podría realizarse entre el segundo y tercer año de gobierno, o bien entre el tercer y cuarto año.

Esta falta de precisión abre la posibilidad de que la consulta se lleve a cabo en 2027 o en 2028, escenario que el partido busca evitar. El senador Alejandro González Yáñez subrayó la necesidad de corregir la redacción para establecer con certeza una sola fecha.

Además, el PT también ha cuestionado la ambigüedad sobre la participación de partidos y candidatos en la promoción del ejercicio, especialmente en caso de que la revocación coincida con un proceso electoral. En ese sentido, piden definir si podrán hacer campaña o llamar al voto en ese contexto.

Tras la llegada de la iniciativa al Senado, la dirigencia nacional del PT sostuvo reuniones con sus coordinadores legislativos para analizar sus alcances. Como resultado, identificaron varias áreas que, aseguran, requieren ajustes antes de fijar una postura definitiva.

El legislador petista fue enfático al señalar que no pueden emitir su voto sin antes contar con claridad total sobre la propuesta, por lo que pidió al Ejecutivo enviar las precisiones necesarias.

En contraste, desde Morena consideran que tanto el PT como el Partido Verde tienen un compromiso político con el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”, luego de haber rechazado previamente el “Plan A” en la Cámara de Diputados.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, afirmó que el bloque oficialista está listo para aprobar la reforma. Aunque reconoció que sus aliados no están obligados legalmente a respaldarla, sostuvo que existe una responsabilidad ética derivada de la relación política entre los partidos.

Martínez también restó importancia a la posibilidad de que la presidenta promueva la revocación de mandato, al argumentar que cualquier jefe de Estado influye en la opinión pública, independientemente de su participación directa en campañas.