Miscelánea, salud y política Judith Álamo López 

En tiempos anticipados de promesas de campañas, el gobierno de “Primero los pobres” ratifica su desprecio por la vida de los mexicanos, no sólo ha sido irresponsable al no proteger el derecho constitucional a la protección de la salud, pues apenas llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció el Seguro Popular que atendía 53.5 millones de mexicanos, antes de siquiera pensar como sustituir sus servicios.

Durante su mandato ha ejercido una política de salud negligente con funcionarios afines y sumisos, presupuestos austeros, maltrato a los profesionales de la salud pública y discriminación hacia las organizaciones de medicina privada.

Corre el último año de gobierno y no avanza la autollamada Cuarta Transformación en cumplir con el suministro del cuadro básico de medicamentos, ni con la disponibilidad de medicamentos suficientes para enfermedades mentales y de otras especialidades como el cáncer.

Tampoco se han requerido importaciones de los biológicos necesarios para cubrir el Programa Nacional de Vacunación Universal (PVU), ni se han adquirido vacunas que protejan a la población vulnerable de las nuevas cepas del Covid-19. De avances en la autosuficiencia ni hablar, sólo han quedado en buenos propósitos.

 La negligencia pasa a ser política criminal cuando las omisiones médicas responden a designios de una política gubernamental de pregonada austeridad, que restringe los recursos necesarios para conservar la vida, e incorpora al mando institucional a correligionarios que anteponen la obediencia al juramento hipocrático. Y paralelamente, se usan los programas sociales de forma clientelar.

 Varios estudiosos sostienen que el liderazgo mundial obtenido por México en mortalidad de profesionales de la salud a causa de Covid-19, y el cuarto lugar nacional en el planeta por número de muertes, es efecto de la deficiente política gubernamental dictada por el jefe del Ejecutivo y atingentemente operada por Hugo López Gatell durante la pandemia.

A meses de declarada como concluida la pandemia, otra vez hay noticias en el mundo de que se multiplican los casos de enfermos de Covid-19 con nuevas variables, y aunque estos son menos graves, los cuadros ameritan atención médica y farmacológica inmediata por ser una enfermedad infecciosa que llegó para quedarse, por ello es necesario incluirla en los programas de vacunación.

Mientras, en Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el lunes pasado la disponibilidad de las dosis de refuerzo “actualizadas” de la vacuna contra el covid-19 de Moderna y Pfizer/BioNTech, pronto disponibles para población mayor de 12 años, adultos y adultos mayores.

Y se explicó que las vacunas bivalentes ya no están autorizadas debido a que utilizan la tecnología ARNm misma que ha sido actualizada para enseñarle al cuerpo a combatir la subvariante de ómicron XBB.1.5 y otras cepas estrechamente relacionadas que están circulando.

Como si estuviéramos en otra dimensión ajena a este mundo, en México, el secretario de Salud Jorge Alcocer, anunció ayer que antes de la temporada invernal serán vacunadas las personas mayores de 60 años, embarazadas, con comorbilidades y personal de salud. Se estima inmunizar a 24 millones 498 mil personas.

¿Con qué cree usted? Dijo el secretario Alcocer que se aplicarán cinco millones 386 mil dosis de la vacuna Abadlá –cubana–, ya disponibles en el almacén. Y, entre octubre y noviembre llegarán de Rusia cuatro millones de vacunas Sputnik, y los 15 millones faltantes se adquirirán en el mercado internacional.

De inmediato uno de los médicos que, a diferencia del gobierno, brindó atención y orientación útil e informada durante los aciagos años de la pandemia en México (03-2020 a 05-2023), Francisco Moreno, infectólogo y jefe de medicina interna del Hospital ABC, explicó lo que seguramente saben las autoridades, pero soslayan en perjuicio de los mexicanos:

“Las vacunas Abdalá y Sputnik no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, se crearon para ser primeras dosis (2020), el virus ha mutado y ya vamos en la tercera dosis, por lo que son obsoletas. No existe justificación científica alguna para suministrarlas”, señaló.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) rechaza de manera absurda la solicitud de Pfizer para suministrar a la medicina privada de México las vacunas aprobadas por OMS y la Comisión europea, “porque para este gobierno son más importantes los arreglos con esos países que la salud de los mexicanos”, señaló el doctor Moreno quien acusó al gobierno de AMLO de discriminar a la medicina privada.

Sin duda, tiene razón cuando dice que estas decisiones del organismo regulatorio dependiente por cierto del inefable subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aumenta la brecha en salud entre ricos y pobres, ya que sólo los ricos podrán viajar a Estados Unidos para suministrársela. ¿Y los pobres? Quizá la libren.

Por su parte, otro de los médicos que se hizo famoso por su presencia durante la pandemia de Covid 19, Alejandro Macías, internista e infectólogo, aconseja a la población volver a adoptar las medidas preventivas de hacer ejercicio y usar cubrebocas en espacios públicos.

Coincide en llamar al gobierno a liberar la importación de vacunas actualizadas para que cualquier persona pueda adquirirla, y quitarle presión al presupuesto del Estado. Coincidió con Moreno en que las vacunas cubanas, rusa y la Patria que realiza y aún no produce México, a pesar de haberla anunciado hace dos años, ya han sido superadas, “se elaboraron con la información del virus original como primeras dosis”, en 2020.

Los síntomas de las nuevas variantes como la EG5.1 son intenso dolor de garganta, escurrimiento nasal y malestar intenso. En caso de enfermar consulte a su médico. Hasta el momento, México dispone de dos medicamentos aprobados contra Covid -19: molnupiravir y paxlovid, pero según instrucción del presidente López Obrador dada a conocer en su conferencia mañanera, los tratamientos están disponibles sólo en instituciones como el IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex e instancias estatales.

Investigadores de temas de la salud coinciden en que desde 1944 cuando se creó el IMSS tuvo como objetivo principal: “garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo”. La justicia social era un anhelo de la Revolución Mexicana, así quedó establecido dentro de la Constitución de 1917, en el artículo 123.

La medicina pública llegó a mostrar relaciones de dominación corporativa ejercidas por el Estado priísta, pero a la par de la democratización política la cobertura de salud evolucionó a finales del siglo XX e inicios del XXI, al ampliarse la cobertura social de la medicina preventiva.

López Obrador, en campaña, ofreció ampliar y mejorar la cobertura, acabar con la corrupción en el sector, especialmente en la compra de medicamentos y eliminar las amenazas de privatización del IMSS, entre otras acciones para mejorar los servicios de salud en beneficio de los pobres.

Pero en los hechos creó caos al ignorar que cuando se trata de políticas públicas y uso de recursos públicos lo primero es realizar diagnósticos certeros del estado de las instituciones para, sin afectar a los usuarios, posteriormente planear cómo emprender cambios estratégicos para mejorar los servicios públicos.

En la administración pública al igual que en otras áreas del gobierno obradorista se antepusieron los intereses político partidistas y electorales a las necesidades comunitarias. Pero, sobre todo, se privilegió la visión de un solo hombre por encima de buscar concesos entre especialistas.

Pese a un incremento del 5.9 % global en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el sector salud a ejercerse en 2024, con respecto al de 2023, lo cierto es que la asignación de 990 mil 974 millones de pesos para atender a casi 22 millones de derechohabientes del IMSS e incorporar a más de 50 millones de personas (beneficiarias del Seguro Popular) al IMSS-Bienestar, parece una apuesta contra el tiempo. Parece imposible lograr en un año ampliar la cobertura de servicios médicos y hospitalarios, además de solventar los enormes rezagos existentes. Ojalá me equivoque.

Especialmente cuando en el último año de su administración López Obrador decidió endeudarse por 1.72 billones de pesos, correspondiente al 48.8 del PIB; la mayor deuda anual de su gobierno y presupuesto histórico para un último año de gobierno. Dinero, coinciden analistas financieros, orientado a afianzar su proyecto y la continuidad de su movimiento (Morena), aunque las obligaciones a pagar caerán sobre el próximo gobierno.

El jefe del Ejecutivo en el PPEF consolida su pretendida militarización del país, aumentó en 64% el presupuesto a las fuerzas armadas –secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)– pasan de 266,001 millones de pesos en 2023 a 437,161 millones para 2024.

Recordemos que estas instituciones adquirieron más de 220 nuevas atribuciones para construir y administrar recursos (en secrecía, por “seguridad nacional) de las magnas obras icónicas de AMLO, entre otras tareas incluidas sus atribuciones constitucionales.

Pero el gasto principal en el PPEF lo consumen las pensiones a los adultos mayores, en 2024 representará 85% del gasto que se prevé para la Secretaría del Bienestar, son alrededor de 1.99 billones de pesos para solventarlas, consumirán 22 de cada 100 pesos del gasto público.

La población de personas mayores de 65 años representa 8.2% de la población total de México y así, las pensiones pasarán de 4 mil 800 bimestrales en 2023 a 6 mil pesos en 2024.