Miscelánea, salud y política.   Judith Álamo López

Las promesas de un México con pensiones al 100% del sueldo; un poder adquisitivo del salario mínimo que no se rezague respecto a la inflación; hacer constitucionales las becas para Jóvenes Construyendo el Futuro; establecer que los magistrados sean electos por el pueblo, son algunas de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 5 de febrero, en el show mediático que ha montado para quitarle el foco a la conmemoración constitucional.

Todo lo anterior, pese a no contar con la votación necesaria de dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión –Cámaras de diputados y senadores– para aprobar las reformas constitucionales del llamado Plan “C” que impulsa la Cuarta Transformación. Se trata de propaganda electoral. Son aspiraciones a las que no se opondrían los trabajadores del mundo, lástima que ningún país del orbe pueda dar pensiones del 100% del salario. Están disociadas de nuestra realidad económica imperante.

A sólo 16 semanas de las elecciones del 2 de junio de 2024, arrecia el uso y abuso del poder presidencial en acciones de campaña electoral para favorecer a Morena rumbo al 2024, y en ese contexto el hábil mandatario anunció con bombo y platillo que rompería con la visita tradicional del presidente de la República al Teatro de la República de Querétaro para conmemorar el 117 aniversario de la Constitución vigente.

Debido al gasto excesivo en megaobras y prestaciones sociales como las pensiones para todos los adultos mayores, México actualmente enfrenta grandes problemas estructurales y económicos, el gobierno de AMLO presenta cifras récord en déficit (3.9% del PIB) y el más alto endeudamiento externo en la historia (del 19.4% de los ingresos presupuestarios), cuando al inicio de este gobierno era apenas del 9.5%. (revistaasesores.com.mx)

Ahora resulta que a sólo 243 días de que concluya su mandato el jefe de Estado ávido de mantenerse como el gran Tlatoani aumenta el uso del poder presidencial para hacer proselitismo a favor de su movimiento, y cobra vida su casi fantasmal Fiscalía General de la República para no dejar impune el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, crimen de Estado cometido hace casi 30 años.

Pese a que el joven político Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, se dirigió respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, apelando a su “compasión” para pedirle que mejor indulte a Mario Aburto, ponga carpetazo final a este asunto y “permita que tanto mi familia como México sanemos”.

La respuesta presidencial fue bajo el argumento de que “es importante que no haya impunidad”… ningún crimen se debe permitir, pero este es un asunto de Estado. Los crímenes de Estado nunca se aclaran…pero no podemos darle vuelta a la hoja”.

Sólo faltó que AMLO le contestara no se trata de hacer justicia, si el propósito fuera noble habría ordenado reabrir la investigación del caso en 2018 cuando recién tomó posesión. No, este asunto clásico de temporada zopilotera será usado con los propósitos que convengan a su causa. Y aunque se hubiera comprometido desde el principio, ya ven lo que ocurrió con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que prometió esclarecer.

La aclaración y el juicio a los presuntos culpables se malogró cuando el Grupo Internacional de Expertos y la Comisión de la Verdad llegaron a reclamar información al Ejército, unas páginas faltantes del archivo proporcionado, en la que supuestamente se involucraba a uniformados verde olivo en las desapariciones. A los ocho militares detenidos hasta ahora se les siguen juicios en libertad.

Lo contradictorio de tratar de resolver un magnicidio a casi tres décadas de ocurrido, luego de tres fiscalías fallidas, se debe a que a este gobierno le sobran casos que esclarecer debido a los más de 178 mil homicidios y más de 110 mil desapariciones ocurridas en del periodo de gobierno de AMLO, cantidad de casos sin precedente en la historia del país.

La interrogante sin respuesta es por qué mantener una política de seguridad pública fracasada, de “abrazos no balazos”. Esta ineficiencia se refleja en todas las evaluaciones internacionales, como fue el reciente Examen Periódico Universal de países de la ONU, en el que más de un centenar de naciones coincidieron en que México ha incumplido sustantivamente al no acatar las 262 resoluciones emitidas con antelación por este mecanismo y por tanto es persistente la crisis de derechos humanos que afecta al país.

Al respecto, el Informe del colectivo nacional EPUMX expone cómo el avance de la militarización y el deterioro del espacio cívico y de órganos autónomos han debilitado el Estado de derecho. https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2023/11/InformeGeneral.pdf

El llamado de países miembros de la ONU y cientos de organizaciones de la sociedad civil a los cuales la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha hecho oídos sordos es para que el gobierno inicie la desmilitarización de la seguridad pública, frene las graves violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como el clima de impunidad en que ocurren, entre otros.

Por si esto no bastara, ayer el gobierno del presidente fue puesto bajo sospecha de operar como Narcoestado, con alianzas con el crimen organizado, según denuncias de periodistas en medios estadunidenses que acusan a López Obrador de haber recibido a través de sus operadores de campaña en 2006 dos millones de dólares del Cártel de Sinaloa. En su conferencia mañanera de este miércoles 31 de enero, AMLO calificó de calumniosas tales acusaciones y pidió al Departamento de Estado de los Estados Unidos pronunciarse al respecto.

La periodista mexicana Anabel Hernández, especialista en el tema, sostuvo en varios medios informativos que de acuerdo a sus investigaciones la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas Estadunidense DEA, tenían pruebas sólidas de que el Cártel de Sinaloa aportó entre dos y cuatro millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006. Y reveló que el gobierno estadunidense ha querido mantener esto en sigilo para evitar ser acusado de intromisión.

Las omisiones en derechos humanos por parte del gobierno de AMLO hablan de incumplimiento de los deberes contraídos, pero las acusaciones de financiamiento electoral por parte de grupos de la delincuencia organizada deben ser investigadas, esclarecidas, sancionadas y proscritas.

La ola de violencia que padece el país hace prioritario atender estas acusaciones antes de que arranque el periodo oficial de campañas electorales el próximo 1 de marzo, y los funcionarios electorales –por cierto, no idóneos por incumplimiento de la ley y ser nombrados solo por Guadalupe Taddei– sean rebasados por las múltiples denuncias. Evitemos el caos.

Ya hemos visto lo que hace la ineptitud en áreas estratégicas como fue el manejo de datos personales en Internet de la fuente de prensa presidencial, éstos han sido expuestos dejando vulnerables a los informadores y sus familias frente a los ciberdelincuentes, supuestamente porque se usó la contraseña de un extrabajador. ¿Cómo es que no se dio de baja? ¿Quién custodia estos y otros datos confidenciales en Presidencia?

Ya otras plataformas digitales han sido vulneradas por hackers, como fue el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional –Sedena– con Guacamaya Leaks. Los expertos coinciden en que buena parte de la inseguridad está en nombrar funcionarios afines al poder por encima de sus capacidades profesionales, la fórmula obradorista 90%/10% ha probado ser un grave error.