La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se prepara para votar este martes un dictamen que propone prohibir por completo la venta de cigarros electrónicos y vapeadores en el país. Estos dispositivos, promovidos como alternativas menos dañinas al tabaco, contienen “una mezcla compleja de sustancias químicas, incluidos metales pesados con alto potencial para dañar la salud”, por lo que se considera necesaria su proscripción.

El proyecto, derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue circulado entre los integrantes de la comisión. En sus 829 páginas advierte que, pese a las regulaciones existentes, la venta ilegal y el contrabando de vapeadores siguen en expansión.

El documento subraya especialmente el riesgo que estos dispositivos representan para los jóvenes, quienes han sido blanco de “estrategias comerciales agresivas y engañosas” por parte de la industria, destinadas a fomentar la adicción desde edades tempranas.

La propuesta respalda la postura del Ejecutivo respecto al “desafío regulatorio” que representan estos productos. A pesar de la narrativa que los presenta como opciones supuestamente “seguras” o “menos dañinas”, su comercialización y publicidad han generado confusión entre adolescentes y consumidores sin información clara sobre los riesgos reales.

El dictamen plantea prohibir totalmente la fabricación, importación, exportación, venta y uso de dispositivos electrónicos de suministro de nicotina o cualquier sustancia inhalable. Según estudios incluidos en el documento, aunque estos productos liberan menores niveles de alquitrán que los cigarros tradicionales, los aerosoles que generan contienen sustancias químicas peligrosas, entre ellas níquel, plomo, cadmio y compuestos orgánicos volátiles vinculados con inflamación crónica, estrés oxidativo y daños pulmonares.

La iniciativa también respalda la solicitud de establecer sanciones que van de uno a ocho años de cárcel, además de multas equivalentes a 100 y hasta 2 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos), para quienes violen la prohibición.

Adicionalmente, el dictamen incorpora otros temas sanitarios: otorga a la Secretaría de Salud facultades para realizar compras consolidadas de equipo médico de alta tecnología, medicamentos y plantea reforzar la prohibición del tráfico de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.