La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Después del análisis y discusión, las y los integrantes de la instancia legislativa avalaron en lo general y en lo particular, con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, el dictamen a la propuesta enviada por el Presidente de la República.

El diputado Melgar Bravo informó que el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa.

Proteger al sistema financiero nacional y la economía, funciones primordiales de la UIF: Gómez Álvarez

Pablo Gómez Álvarez afirmó que las funciones primordiales de la Unidad son proteger al sistema financiero nacional y la economía, a través del combate al lavado de dinero y la corrupción.

“Este es el gran reto asumido por el actual Gobierno Federal, donde la UIF se ha convertido en un instrumento para combatir ese flagelo”, dijo.

Aclaró que la Unidad “no es una comisaría, ni agencia de investigación judicial, ni una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades y servicios”. Tiene una cobertura jurídica extraordinaria que el Congreso le otorgó a la SHCP para ejercer todas las atribuciones que en la materia le da la Ley, aseveró.

Consideró que para desarticular la corrupción, objetivo del gobierno, se requiere orquestar a todas las instituciones desde la Función Pública, el sistema tributario, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal y la propia UIF para actuar y alcanzar el mismo objetivo político.

“La idea es desarrollar un entramado institucional de cooperación”, cuya tarea requiere una capacidad técnica, sin duda alguna; por ello, el objetivo es seguir dándole a la UIF el papel de integrante de un sistema interinstitucional de combate a la corrupción, agregó.

Ello, dijo, no depende solo del gobierno, que es el principal protagonista en esta lucha, sino que requiere la respuesta de las organizaciones civiles y sociales del país, para concertar esfuerzos en favor de este propósito, sostuvo.

“Esta tarea no será sencilla en México porque no estamos combatiendo a personas que realizan actividades ilícitas, sino a sistemas creados y formas de hacer ciertas cosas”, subrayó.