La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) busca reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de incorporar como requisito para expedir la licencia de portación de armas, en el caso de personas físicas, no haber sido condenado por delito violento cometido en contra de mujeres, niñas y niños.

La iniciativa, de modificación al inciso D) de la fracción I del artículo 26 de dicha ley, precisa que la finalidad es evitar, en algún grado, los crímenes violentos con armas de fuego cometidos en contra de estos sectores de la población.

Resalta que un arma de fuego y una persona violenta es la peor combinación que puede existir, por lo que las mujeres y las familias que se encuentran con alguien así corren un grave peligro, debido a que en cualquier momento pueden ser gravemente agredidas.

Un arma de fuego potencializa el daño y agresión que se pueden ejercer en contra de una mujer; es por ello que el Estado debe garantizar que este tipo de instrumentos no estén disponibles para agresores de mujeres.

El documento, remitido a la Comisión de Defensa Nacional, menciona que, de acuerdo con especialistas y estudios, el acceso a armas de fuego ha aumentado la violencia y los crímenes cometidos en perjuicio de este grupo.

Precisa que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en seis de cada 10 feminicidios se utiliza un arma de fuego.  “En cuanto a los medios utilizados en el homicidio, el arma de fuego es utilizada en más de la mitad de este tipo de defunciones.

Afirma que la violencia feminicida con el uso de armas de fuego ha aumentado: “A principios de la década de los 2000, tres de cada 10 mujeres eran asesinadas de esta manera, pero en 2010 pasaron a representar 54.3 por ciento”.

Por otro lado, agrega, 125 mil mujeres denunciaron haber sido amenazas por sus parejas con un arma de fuego o blanca. De éstas, 25 mil fueron agredidas con arma de fuego.  “El uso de armas de fuego para asesinar a las mujeres se ha incrementado en un 13.4 por ciento en las viviendas, durante los últimos cinco años”.

Ante ello, la legisladora considera que la reforma es necesaria para “atender un problema social que estamos viviendo, es una medida proporcionada a las previsiones que ya existen y resulta idóneo para evitar que personas con claros antecedentes de violencia tengan acceso a un arma de fuego, ya sea en lo individual o como parte de una corporación que tiene una licencia colectiva”.