Por unanimidad de 458 votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de lenguaje incluyente y no discriminatorio.

Los cambios a los artículos 15, 118, 154 y 162 de dicha norma buscan armonizar la legislación y sustituir los términos de discapacitados por personas con discapacidad; personas de la tercera edad por personas adultas mayores, y equidad de género por igualdad de género, así como migrantes por población migrante.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que esta armonización atiende parámetros internacionales vinculantes para el Estado mexicano, sumado a que la forma incorrecta del uso del lenguaje violenta y respalda acciones discriminatorias que menoscaban el acceso a los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

Menciona que el campo es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal, abarca un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia estratégica actual y potencial para el país. 

El lenguaje es producto de una construcción social, de ahí la importancia de trabajar en modificarlo y adecuarlo a las nuevas realidades, al avance y progreso de los derechos humanos, que tienen como eje central a la persona y su dignidad, puntualiza. 

En tanto, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra (MC) destacó que eliminar las barreras sociales, de comunicación, culturales, físicas, económicas y de cualquier tipo a las que se enfrentan las personas con discapacidad “es una obligación del gobierno y de la sociedad en su conjunto”.

Enfatizó que “como legisladores nuestra responsabilidad es contribuir con una armonización legislativa transversal que atienda nuestros compromisos vinculantes con la sociedad mexicana”.

Es fundamental, añadió, “que seamos inclusivos y respetemos a las personas con discapacidad”; consideró que se debe proporcionar apoyos y servicios a estas personas que les permitan participar en la vida social y laboral en igualdad de condiciones.

Asimismo, que en la ley se nombren y “se consideren a grupos vulnerables que históricamente han sido olvidados, de manera especial en el campo”.