El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) busca adicionar los artículos 106 y 111 Ter de la Ley de Instituciones de Crédito, para prohibir a esas instituciones solicitar acceso a la información privada como contactos, fotografías y video contenidos en medios digitales como teléfonos celulares, tabletas y computadoras de los clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera.

Asimismo, señala que cuando se celebren operaciones de depósito, crédito, préstamo, mutuo o cualquier acto causante de pasivo directo por alguna empresa que se ostente y promocione para realizar estas actividades sin contar con la autorización para constituirse, funcionar, organizarse y operar, la obligación de cubrir la operación se extinguirá, tanto el monto del crédito como los intereses generados.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, indica que la finalidad es coadyuvar a una mayor seguridad para los usuarios de los diversos servicios financieros del país y evitar que sean presa de actos delictivos a manos de agentes financieros, ya que “los llamados montadeudas representan una amenaza a la salud financiera de los ciudadanos y a su integridad y bienestar”.

En México, relata, casi seis de cada diez personas adultas tienen financiamiento, especialmente a través de instrumentos informales. Durante el periodo 2012-2018 el financiamiento se incrementó en 6 puntos porcentuales, al pasar de 51 al 57 por ciento de la población adulta.

Abramo Masso añade que, con la situación económica nacional, surgieron una serie de aplicaciones digitales que ofrecen préstamos con montos que van desde los 500 hasta los 20 mil pesos o más. La oferta se realiza mediante redes sociales, volantes y anuncios de ocasión. Una de las características que tiene esta forma de préstamo es lo muy rápido que se puede obtener el préstamo vía transferencia electrónica.

Mencionó que esas aplicaciones no se encuentran reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni cumplen con los requisitos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito. Además, el Gobierno Federal ha identificado a más de 660 aplicaciones que realizan préstamos; “contravienen la ley y realizan otro delito como es el de extorsión”.

La extorsión, dijo, se materializa cuando se lleva a cabo la solicitud del préstamo mediante las aplicaciones en donde una de las condiciones es aceptar que puedan tener acceso a los contactos, las galerías fotográficas y en general a la información privada que se encuentra en los dispositivos de telefonía celular.

Precisa que las aplicaciones generan un modelo de cobro de interés diario que supera las tasas que las instituciones reguladas aplican al otorgar un crédito. La forma en que consolidan la extorsión es amenazando a los deudores con exhibir las fotografías que pueden encontrar en sus teléfonos, o llamar a los contactos de estas personas para cobrarles y difamar a las víctimas. “A esta modalidad de préstamo y extorsión se le conoce comúnmente como montadeudas”.

Subraya que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, este año se registraron 892 reportes mensuales en promedio, por 161 que se presentaron en 2021 por esta forma de extorsionar a partir de préstamos por aplicaciones.

Además, en lo que va de 2022 existen 5 mil 452 reportes por el esquema de extorsión y fraude conocido como “montadeudas”, que representan un aumento de 454 por ciento respecto a 2021.