La medida libra su primer trámite con 22 votos a favor de legisladores de Morena y aliados (Partidos del Trabajo y Verde Ecologista) y 17 en contra, de la oposición

Con 22 votos a favor y 17 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que domina Morena, aprobó la extinción de los órganos autónomos, como la Cofece, Inai, Coneval, IEFT, la CNH, la Mejoredu y la CRE y de más de 50 reservas, la mayoría sólo aceptó una modificación.

El dictamen, que pasó a la Mesa Directiva de la Cámara baja perfila eliminar a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de donde el erario público ahorraría recursos al erario público para destinarlos a los sectores más vulnerables.

En el debate, la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron falsedades y más opacidad gubernamental y corrupción para el próximo gobierno federal que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo.

Los legisladores del PRI presentaron varias reservas en la discusión del dictamen en materia de simplificación orgánica, a fin de evitar que se destruya el Estado democrático de derecho y la República con la desaparición de los órganos garantes de información, transparencia, competencia y evaluación.

Carolina Viggiano Austria afirmó que el gobierno de Morena se ha ocupado de centralizar muchas cosas en perjuicio del federalismo y de la democracia y criticó quieran extinguir los órganos autónomos que impiden abusos de autoridad.

El grupo consideró que esta reforma se trata de una venganza del presidente López Obrador en contra del INAI, porque dicho organismo permite que se conozcan actos de presunta corrupción en su gobierno, como el caso de desvío de recursos en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) o en obras insignia de su administración, como el Tren Maya.

El dictamen recibió más de 50 reservas, pero la mayoría legislativa sólo aceptó una modificación.