La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla una reducción de cinco mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los recursos recortados al organismo electoral serán redistribuidos entre distintas dependencias federales. De ese monto, tres mil millones de pesos se destinarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente al programa La Escuela es Nuestra, mientras que mil millones adicionales serán asignados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el caso de la Semarnat, los recursos se distribuirán entre sus organismos y áreas administrativas: 200 millones de pesos para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); 189 millones para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); 168 millones para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); 129.8 millones para la Comisión Nacional Forestal (Conafor); 100 millones para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y 50 millones para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Los 163 millones restantes se asignarán al sector central de la dependencia, encabezada por Alicia Bárcena.
Asimismo, 700 millones de pesos se canalizarán a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), principalmente para ejecutar el Plan Nacional de Navegación Aérea, mientras que otros 300 millones serán destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda.
La discusión del proyecto presupuestal comenzó a las 10:30 horas de este jueves en San Lázaro. El dictamen establece un gasto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para 2027, cifra que representa poco más de uno por ciento de incremento respecto al gasto previsto al cierre del presente año.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la morenista Merilyn Gómez Pozos, señaló que el presupuesto define la manera en que se atenderán las necesidades de la población y se utilizarán los recursos nacionales para construir un país más justo, incluyente y próspero.
De acuerdo con la legisladora, el eje central del gasto público será la prosperidad compartida, con una ampliación de la cobertura en educación, salud y vivienda, particularmente en beneficio de personas, comunidades y regiones históricamente excluidas.
Gómez Pozos también destacó que la inversión en infraestructura física alcanzará 1.1 billones de pesos, recursos que financiarán proyectos ferroviarios, obras hidráulicas, carreteras y puentes, además de infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por su parte, los programas sociales, entre ellos las pensiones para adultos mayores, las becas, Salud Casa por Casa y Sembrando Vida, concentrarán un presupuesto de un billón 25 mil millones de pesos.
El dictamen establece que el gasto programable, destinado al funcionamiento de las dependencias y entidades gubernamentales, ascenderá a 7.4 billones de pesos. Los 3.2 billones restantes se utilizarán para cubrir el servicio de la deuda y las aportaciones federales a estados y municipios.
El proyecto presupuestal considera un escenario económico con un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, una inflación promedio de tres por ciento y un tipo de cambio estimado en 18 pesos por dólar. También proyecta un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril y una producción petrolera estimada en mil 800 millones de barriles diarios.
La discusión en lo general se extendió por casi siete horas y estuvo marcada por confrontaciones entre las distintas fuerzas políticas respecto a la distribución de los recursos públicos.
Como se anticipaba, el dictamen fue aprobado con los votos de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde. A estos sufragios se sumó Movimiento Ciudadano (MC), que respaldó el proyecto luego de que se incorporara un ajuste al presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para etiquetar seis mil 500 millones de pesos a la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, una obra destinada a mejorar el suministro de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, entidad gobernada por ese partido.
La decisión provocó críticas de legisladores del PAN. Héctor Saúl Téllez y Noemí Luna calificaron de “migajeros” a los integrantes de Movimiento Ciudadano por respaldar el presupuesto a cambio de un ajuste que representa apenas 0.06 por ciento del gasto total.
En la misma línea, el panista Paulo Gonzalo Martínez sostuvo que los seis mil 500 millones de pesos asignados al proyecto hidráulico equivalen únicamente a una cuarta parte de los recursos anunciados la semana anterior por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
Los legisladores panistas también dirigieron sus críticas al Partido del Trabajo, encabezado por Reginaldo Sandoval, al cuestionar su respaldo a un presupuesto que, según señalaron, no representa beneficios para esa fuerza política.
Por su parte, el priista Mario Zamora reprochó la ausencia de recursos extraordinarios para fortalecer la seguridad en Sinaloa, entidad afectada por la violencia derivada de los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa.
En respuesta, Reginaldo Sandoval defendió la distribución presupuestal y destacó que se contemplan más de 1.5 billones de pesos para participaciones federales, así como más de un billón de pesos para programas sociales que, aseguró, beneficiarán a 42.8 millones de personas, aproximadamente una de cada tres habitantes del país.
El recorte de cinco mil millones de pesos al INE ocurre en la antesala de un año electoral en el que se renovarán 17 gubernaturas, las 500 diputaciones federales, además de presidencias municipales y congresos estatales.
La reducción también se produce en medio de señalamientos sobre presuntas contrataciones irregulares y posibles conflictos de interés relacionados con Guadalupe Taddei, quien actualmente ya no ocupa la presidencia del organismo electoral.
Tras aprobar el dictamen en lo general, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública decretó un receso y programó la reanudación de la discusión en lo particular para las 10:00 horas del viernes. Se prevé que los trabajos legislativos puedan extenderse hasta el sábado 7 de noviembre.
