Luego de un debate de descalificaciones en el pleno de la Cámara de Diputados por la reforma constitucional en materia político-electoral, Diputados de Morena se aferraron a ver derrotado y anunciaron  el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador que a través de una reforma legal establece la necesidad de reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE).

A las cuatro de la madrugada de este miércoles, se avaló[L1]  la propuesta, el primer embate será para la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral cuyo titular, Edmundo Molina, tendría que ser removido de manera anticipada.

En aras de la austeridad republicana que pregona el jefe del Ejecutivo, su propuesta busca rescatar los mayores recursos económicos del INE al que califica de ser un órgano autónomo y “legado nocivo de los gobiernos neoliberales. Creado para fungir como árbitro de las contiendas electorales entre partidos políticos y terminó siendo controlado por los mismos”.

La propuesta es minimizar al órgano electoral y desaparece la Junta General Ejecutiva (JGE), desde donde se estipulan los proyectos de ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral.

El Ejecutivo, que, vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó su plan B plantea la creación de la Comisión de Administración con cinco consejeros del INE.

Se expone que debe extinguirse el Fideicomiso de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto. “El primero será empleado para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), donde están integradas las Juntas Locales Ejecutivas, que es el órgano del INE en las 32 entidades, así como a los consejos distritales donde hay personal especializado en Organización, capacitación y Registro Federal de Electores (RFE).

La iniciativa propone eliminar los fondos y fideicomisos del Instituto que han sido creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal.

El Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos. Los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone.

La reforma legal expone la reducción de los 300 consejos distritales para que sólo queden 260 de forma permanente y 40 se agreguen en elecciones.

La reestructura del Instituto Nacional Electoral y el impacto económico deberá ser ajustado con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado en noviembre pasado.

Se establece la obligación relativa a que las comisiones renueven la totalidad de sus miembros de forma trianual. Se establece que el INE debe crear una comisión de presupuesto que determinará la forma en la que el Instituto regula su presupuesto asignado”.

La propuesta del Presidente plantea un ajuste del salario por voluntad propia de los consejeros electorales, y se insiste en que ningún funcionario perciba más que el jefe del Ejecutivo.

Se propone la creación del Sistema Nacional Electoral conformado por el INE, como su autoridad rectora, y los OPL, como autoridades electorales a nivel estatal. Este nuevo sistema establece la integración de ambas estructuras para su mejor funcionamiento.

El Presidente ha manifestado que el INE puede hacerse cargo de las elecciones a nivel local, y su propuesta de reforma constitucional planteaba la eliminación de los OPLS, que no podrá concretarse en los cambios a las leyes secundarias o el llamado plan B, que incluyen que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica se fusionan para dar origen a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral.

Además, la Unidad Técnica de Fiscalización se convierte en Dirección Ejecutiva, la Unidad Técnica de Servicios de Informática se subsume en la Dirección de Administración y de Servicio Profesional Electoral, y las funciones de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL pasan a ser parte de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral.

También se compacta la Comisión de Organización y Capacitación se compacta para conformar la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, y la Comisión de Prerrogativas absorbe al Comité de Radio y Televisión.

“La vinculación con los OPL pasa a ser responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación”.

Se impulsa la reducción de los tiempos de los procesos electorales con la finalidad de eliminar acciones redundantes.

“Se busca agilizar y hacer más eficientes los procesos electorales al modificar la fecha de cómputo de votos al pasar del miércoles siguiente al día de la jornada electoral al mismo día de las elecciones a partir de las 18:00 horas.

Destaca que, de ser aprobada por Morena y sus aliados se daría luz verde para cambiar los procesos de organización electoral y cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.

“El presente decreto no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023”.

Luego de ser avalados estos cambios se enviaron al Senado de la Republica para sus ratificación o modificación

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