El Pleno aprobó, con 464 votos a favor y uno en contra, el dictamen que reforma el artículo 28 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para garantizar al acusado o imputado tener un defensor que deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado y con cédula profesional.

También se armoniza esta la Ley Reglamentaria con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales menciona: “En materia penal, el imputado o acusado podrá ser oído en defensa por sí o por medio de defensor de su elección o a través de este. El defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional.

“En caso de que no hiciere uso de este derecho, se le nombrará el defensor público, según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, especifica.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), una de las promoventes de la iniciativa motivo del dictamen de la Comisión de Educación, expresó que el derecho a la defensa adecuada resulta crucial para salvaguardar los principios del proceso penal, e implica garantizar que las personas que concurran al proceso puedan contar con la defensa o asesoría de profesionales que comprenden las reglas del proceso.

La defensa adecuada, afirmó, se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho. La reforma pretende armonizar esta disposición para que el imputado ejerza su derecho a la defensa exclusivamente, a través de licenciados en derecho y abogados titulados, estableciendo como nuevo requisito el contar con cédula profesional.

Añadió que esta disposición permitirá que las personas que concurran al proceso penal tengan una defensa adecuada y, con ello, se garantice el debido proceso, como principio rector del Sistema Penal Acusatorio.

El también promovente, diputado Ulises García Soto (Morena), aseveró que es fundamental garantizar los derechos humanos de las personas; la reforma, dijo, busca que haya una defensoría adecuada por parte de un abogado titulado.

Precisó que además se promueve un trato digno e igualitario ante la ley, a fin de evitar injusticias. La desigualdad socioeconómica en el país, dijo, ha ocasionado “que muchas veces la impartición de la justicia no sea igual para todos los ciudadanos”.

Con este tipo de reformas, que armoniza los conceptos y principios de la ley fundamental con las leyes secundarias, añadió, habrá un sistema judicial más justo y equitativo, donde el respeto a los derechos humanos sea siempre el eje rector.