Legisladores avalaron modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

La Cámara de Diputados aprobó reformas para catalogar los datos biométricos, como imágenes faciales, huellas dactilares, iris ocular, voz, ADN, firma, y también información sobre la preferencia sexual de las personas, como datos sensibles, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El proyecto turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación, fue planteado por la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ximena Puente.

La legisladora señaló que con dichas disposiciones se fortalecerá la protección de la privacidad de los ciudadanos, así como el combate al robo de identidad.

“La reforma amplía la clasificación del listado de datos personales sensibles en nuestro país, para incluir preferencia sexual y datos biométricos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales que permitan o confirmen la identificación de una manera inequívoca de una persona”, agregó.

La secretaria de la Comisión de Anticorrupción de San Lázaro y excomisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), recordó que en el país hay 80 millones de usuarios de internet, que a petición de distintos prestadores de servicios, proporcionan sus datos personales, los cuales están expuestos a un uso irregular.

Recalcó que no solo empresas privadas, sino los tres órdenes de gobierno, están utilizando cada vez más mecanismos tecnológicos para hacer más eficiente la identificación de sus usuarios.

Consideró indispensable resguardar del modo adecuado la información personal de los ciudadanos, incluyendo sus datos biométricos, para acreditar la identidad de cada sujeto, respetando siempre la seguridad de dichos elementos.

México, refirió, ocupa el octavo lugar mundial en robo de identidad; y en el primer semestre del 2020, la autoridad registró más de tres millones 100 mil reclamaciones contra instituciones bancarias, por operaciones realizadas sin autorización del titular de la cuenta.