El mecanismo de protección, será un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación

La Cámara de Diputados avaló, en sesión semipresencial, cambios a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de fortalecer el mecanismo de protección en la materia y crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como la libertad de expresión, en los entornos físico y digital.

La norma que será enviada al Senado de la República, avanzó con 443 votos en lo general; y en lo particular, salió adelante con votación más dividida, de 291 a favor, 142 en contra y una abstención.

Señala que se establecerán acciones en los tres órdenes de gobierno, para generar entornos más seguros para periodistas y defensores de derechos humanos. Indica que las dependencias de gobierno, gobiernos estatales y municipales promoverán el reconocimiento de la labora de periodistas y defensores, y “deberán garantizar” apoyo a que los señalados en situación de desplazamiento, puedan continuar con su labor.

Ajusta los conceptos de “agresión”, estudio de evaluación de riesgos, medidas de carácter social, medidas de prevención, medidas de seguridad, medidas urgentes de seguridad y persona peticionaria.

Establece que el mecanismo de protección, será un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación (Segob), ello, en el marco de la extinción del fondo destinado para el apoyo a periodistas y defensores.

Señala que se implementarán más medidas de seguridad, se implementarán tecnologías para favorecer el intercambio de información y comunicación segura y privada, se instalarán cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, a fin de que sean monitoreadas de manera conjunta y coordinada por las autoridades competentes.

 Prevé dar vista a los órganos internos de control, para fincar responsabilidades administrativas, a las autoridades que no cumplan sus obligaciones en la materia. Señala que el mecanismo de protección tendrá un enfoque de derechos “pro-persona”.