Además asignar recursos para su atención

La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) propuso reformar las leyes generales de Víctimas y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de crear un registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio y asignar recursos para garantizar su atención y derechos.

Planteó que la Federación y las entidades federativas, asignen recursos presupuestales necesarios para cubrir las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención destinadas a los menores de edad en esa situación, que brindarían la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o las comisiones estatales.

La Cámara de Diputados y los congresos locales aprobarían en los presupuestos una partida para ese fin, así como los mecanismos e instrumentos para dar seguimiento a su ejercicio efectivo.

En la iniciativa se especifica que la Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas de las entidades federativas, atenderán y garantizarán la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad.

Para tal efecto, propuso utilizar el padrón que se inscriba en un registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, como mecanismo administrativo y técnico que garantice ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral.

Las políticas, acciones y programas que ejecute la Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas estatales, para asegurar el acceso a la educación y su permanencia en el sistema educativo, de los menores de edad, tomarán las medidas necesarias para garantizar su inclusión social y la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Gobernación, velará que, en el presupuesto de egresos de la federación, se asigne una partida presupuestal para dicha atención, y establecerá un grupo interinstitucional para la coordinación del programa o estrategia con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México, precisa.

La iniciativa, enviada a las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Justicia, para dictamen, y a la de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión, señala que en 2019 se registraron 976 feminicidios. Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla fueron las entidades con el mayor número.

Refiere que, de acuerdo con el estudio “La violencia contra las mujeres en México”, cada 24 horas quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes; según estimaciones del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), hay al menos tres mil niñas, niños y adolescentes en esa situación por el feminicidio de sus madres.

Indica que las instituciones deben tener protocolos que establezcan con claridad sus atribuciones y los derechos de huérfanas y huérfanos por feminicidios, quienes en la mayoría de los casos quedan al cuidado de familiares, sin sustento económico y emocional, lo que ocasiona que sean vistos como una carga y estén en desventaja, con problemas sociales, emocionales y económicos.

Por ello el Estado debe garantizar el ejercicio de derechos para continuar su vida y no se vean quebrantadas las aspiraciones que tienen por falta de recursos, enfatiza.

La iniciativa reforma los artículos 44 y 96, adiciona los artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley General de Víctimas, y adiciona el artículo 26 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.