Puntales Agustín Vargas

• Incertidumbre jurídica y más violencia
• Escenario de bajas expectativas
• Paquete económico 2025, reto
• Controversia constitucional a trámite

Entre acomodos, toma de posesión de los nuevos funcionarios del gobierno federal, presentaciones de planes y proyectos, este nueve de octubre transcurre el noveno día de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México y lo más destacado hasta ahora ha sido el crecimiento de la incertidumbre jurídica (estela de la reforma judicial), mayor violencia y la percepción, en aumento, sobre una eventual recesión en el país.

En estos escasos nueve días del nuevo gobierno lo que se ha visto por parte de éste es la voluntad inquebrantable de seguir golpeando y denostando al Poder Judicial, utilizando también para ello al Poder Legislativo, aliado incondicional de la presidenta de México.

Ambos poderes (Ejecutivo y Legislativo), ya dejaron en claro que no acatarán las disposiciones del Poder Judicial que ordenan suspender la aplicación de la reforma judicial, hasta en tanto no se resuelvan los amparos y la controversia constitucional promovidos en contra de dicha reforma, violentando con ello la normatividad jurídica y el estado de derecho, tal como lo hizo el gobierno anterior, sin importarles entrar en desacato judicial.

Es muy claro, afirman analistas de CIBanco, que actualmente la percepción entre inversionistas nacionales y extranjeros es que con la aprobación de la reforma al Poder Judicial hay un daño mayor a la división de poderes, lo que se traduce en la mayor incertidumbre jurídica en nuestro país de las últimas tres décadas, lo que representa un fuerte obstáculo para la economía mexicana.

A su vez, especialistas del BBVA advierten sobre la urgencia de que dicha reforma se mitigue con las leyes secundarias o, en su caso, se revierta para evitar mayores daños a la economía y desechar los riesgos de una eventual recesión durante el primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum.

A reserva del optimismo que el nuevo gobierno plantee en el marco macroeconómico para la elaboración del presupuesto 2025, la administración Sheinbaum inició con un escenario de bajas expectativas de crecimiento, un menor ritmo de avance del empleo formal que, excluyendo el periodo de la pandemia, es el más bajo del sexenio que terminó, una mayor precarización del mercado laboral si se considera que hay 11.5 millones de ocupados más en condiciones críticas, y el déficit público más elevado de la historia.

Si bien la inversión extranjera directa reportó niveles históricamente altos, al mismo tiempo es la menos productiva en muchos años, toda vez que se concentró principalmente en inversión financiera atraída por las elevadas tasas de interés. La inversión nueva, que es la que podría relacionarse con cierto nivel de activos fijos, ahora sólo representa el 2.9% del total, cuando en el sexenio pasado representaba cerca de la tercera parte.

Sin duda el primer reto que enfrentará la nueva administración es la elaboración del paquete económico para el próximo año. Pero para ello debería dejar de lado el optimismo que ha caracterizado el cálculo de las variables económicas que son base principal para su elaboración, sobre todo cuando los datos duros no anticipan escenarios de elevado crecimiento.

La primera aproximación del paquete económico presentada en el documento de Precriterios 2025, prevé reducir el déficit público en tres puntos del PIB, a la mitad de lo que se tiene previsto concluya el 2024, último año del sexenio pasado, que es históricamente el más elevado.

Sin embargo, esto implicaría un ajuste considerable en materia de gasto de aproximadamente 500 mil millones de pesos (mmp), cifra que supera en poco más del doble lo que se presupuestó para los proyectos insignia del gobierno en los últimos dos años del sexenio, que fueron los más altos. Es decir, aun cuando concluyeron dichos proyectos, el ahorro estimado es mucho menor a lo que el gobierno necesita reducir el gasto.

Controversia a trámite en la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial. Dicha controversia fue interpuesta por el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Esta es la primera que interpone un gobierno estatal y es la primera que acepta el alto tribunal. La controversia fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

La admisión de la Corte sucede luego de que la semana pasada, por 8 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal determinó que sí puede analizar la constitucionalidad de la reforma judicial tras resolver una consulta a trámite hecha por jueces y magistrados federales.

Es una consulta a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Durante el debate, las ministras afines a la 4T, Lenia Batres, Loretta Otiz y Yazmín Esquivel, aseguraron que la Corte no tenía  facultades para analizar el asunto; incluso, Batres Guadarrama aseguró que de hacerlo sería “un golpe de Estado”.

Además de lo ocurrido la semana pasada, el pasado lunes 7 de octubre, la Corte determinó no desechar la consulta de la reforma judicial de AMLO propuesta por Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama.

Durante la sesión fueron discutidos los 3 proyectos de Esquivel Mossa, los cuales proponían desechar las solicitudes de consulta para analizar las controversias presentadas contra la reforma al Poder Judicial. Los proyectos establecían que la consulta era procedente, pero no las solicitudes para analizar la constitucionalidad de la reforma. Todo un embrollo jurídico que tiene en vilo al país y hay al menos otros 128 juicios de amparo sobre el mismo tema pendientes de resolución.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx