La fiscalía general del estado (FGE) de Puebla informó la detención de tres policías municipales de la capital poblana, señalados por presuntamente brindar protección y filtrar información al grupo criminal conocido como “La Barredora”, identificado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, los elementos detenidos formaban parte de una red interna denominada “La Cofradía”, desde la cual aprovechaban su posición dentro de la corporación para alertar sobre operativos y movimientos de las autoridades, favoreciendo las actividades de dicha célula delictiva.

La Fiscalía indicó que los ahora imputados no sólo colaboraban con el grupo criminal, sino que estarían directamente relacionados con el homicidio de dos policías municipales, ocurrido el 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle, en la ciudad de Puebla.

Según el reporte oficial, los agresores arribaron a un inmueble de la zona a bordo de dos vehículos y, utilizando armas largas, asesinaron a los dos uniformados como presunta represalia por negarse a colaborar con actividades ilícitas. El caso evidenció un grave nivel de infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad, al tratarse de un ataque perpetrado por compañeros de la misma institución.

Como resultado de trabajos de inteligencia y análisis criminal, la FGE implementó la Operación Cofradía, mediante la cual fueron detenidos Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., quienes fueron asegurados en instalaciones de la propia corporación municipal.

De manera adicional, las autoridades confirmaron la detención de Ana Belem N., capturada en un punto distinto de la ciudad, presuntamente relacionada con la misma red delictiva.

La operación fue coordinada por la Fiscalía de Puebla, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La FGE destacó que la acción interinstitucional permitió realizar las detenciones sin incidentes y poner a los implicados a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación legal.