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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que el llamado plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum implique una intromisión en la autonomía de los municipios. Afirmó que la propuesta busca incorporar en la Constitución un principio de austeridad para limitar excesos en el gasto público local. En […]
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que el llamado plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum implique una intromisión en la autonomía de los municipios. Afirmó que la propuesta busca incorporar en la Constitución un principio de austeridad para limitar excesos en el gasto público local.
En declaraciones ante medios de comunicación, el legislador explicó que la iniciativa no modifica el contenido del artículo 115 constitucional, el cual regula la autonomía municipal, sino que pretende establecer lineamientos de disciplina presupuestaria.
Monreal sostuvo que la reforma no vulnera la libertad de los ayuntamientos, ya que el artículo 115 permanecería intacto. “Simplemente se introduce un principio de austeridad, así como ajustes y límites a gastos excesivos que terminan afectando a los propios habitantes”, señaló.
Uno de los ejes del plan planteado por Claudia Sheinbaum es reducir el número de regidurías en los municipios del país, al considerar que en algunos ayuntamientos existe un número excesivo de estos cargos.
La mandataria ha planteado que los recursos que se ahorrarían con esta medida podrían destinarse a fortalecer la obra pública y los servicios en las demarcaciones municipales.
Además de esta propuesta, el paquete de reformas que la presidenta presentará ante el Congreso contempla otras medidas, entre ellas limitar el gasto de los congresos estatales, adelantar la revocación de mandato prevista para 2028 al año 2027 y posponer la elección judicial programada para 2027 hasta 2028. Para Ricardo Monreal, estas iniciativas no representan un intento de centralizar el poder en el ámbito federal, sino que buscan establecer en la Constitución mecanismos que promuevan el uso responsable de los recursos públicos en los distintos niveles de gobierno
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